Tribunal de derechos

El Gobierno y quienes lo apoyan están intentando transmitir la idea de que el Estado queda desamparado ante situaciones semejantes con esta sentencia del Constitucional. El magistrado Conde Pumpido, en un voto particular, ha llegado a decir que «la sentencia desarma al Estado frente a las pandemias». Eso solo sería así si el Gobierno no encuentra el apoyo de una mayoría del Congreso que convenga en la necesidad de esos recortes de derechos mediante la aplicación de un estado de excepción. Es verdad que los socios que apoyan al Gobierno no se lo pusieron fácil para respaldar las primeras prórrogas del estado de alarma, negociaron sus votos a cambio de la mesa para Cataluña, transferencias económicas, la derogación de la reforma laboral y otras materias ajenas a la crisis sanitaria.

Con esa experiencia vivida en la búsqueda de apoyos para el estado de alarma cabría pensar que lograr el apoyo para el estado de excepción habría sido una tarea imposible. Los socios del Gobierno abominan de esa figura, que identifican con los tiempos de la dictadura, y si ya pusieron reparos para la aprobación de las sucesivas prórrogas del estado de alarma, más habrían puesto para el estado de excepción.

Es verdad, por tanto, que el Gobierno se queda al descubierto con la sentencia del Constitucional, pero no porque no tenga alternativa jurídica sino porque la debilidad parlamentaria de este Ejecutivo le complica la adopción de cualquier tipo de acuerdo parlamentario y en los de esta índole, también. Esa fue la razón por la que no propusieron el estado de excepción, que no conlleva sacar tanques a la calle, como algunos esgrimen para desacreditar la medida y, por el contrario, lo que hace es aportar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos al establecer más controles sobre las potestades del poder ejecutivo.

Afortunadamente, el Constitucional se ha pronunciado en este sentido, ya que sienta un precedente con el que un Gobierno no puede adoptar medidas de suspensión de derechos sin un apoyo parlamentario de mayor calado. Una mayoría social compartía las medidas que se aplicaron y considera que fueron proporcionadas a la magnitud de la catástrofe. Eso debería haber sido suficiente para que el Congreso se hubiera avenido a la aprobación del estado de excepción sin las complicaciones que se plantearon desde todo el arco parlamentario para llevar adelante el de alarma. Hay que recordar que Vox apoyó la primera ocasión y ahí se quedó, y el PP respaldó tres prórrogas con su voto a favor y una más con su abstención.

Pero, como digo, celebro la sentencia del Constitucional porque restablece los límites que tiene el Estado para suspender derechos. De lo contrario, si el Constitucional hubiera aceptado como un derecho del Gobierno la suspensión de derechos fundamentales con la mera aprobación de las suspensiones por el Consejo de Ministros habría validado una merma evidente de las libertades de los ciudadanos. Hoy hay una general aceptación de que las medidas que se adoptaron y que nos coartaron derechos fueron convenientes, pero no siempre tiene que ser así. Ahí es donde reside la garantía ciudadana, que habría quedado desnuda si el Constitucional hubiera transigido con el deseo del Gobierno, con la circunstancia añadida de que presionó a los miembros del Tribunal para que así lo hicieran.

Resulta triste ver a miembros del Tribunal que se consideran «progresistas» defender, como hacen los partidos de izquierda, que el Gobierno puede suspender derechos con la simple aprobación por el Consejo de Ministros. Las declaraciones de las ministras Robles, Belarra y Montero descalificando a los jueces por su sentencia son una muestra de su falta de respeto al sistema de división de poderes y de su falta de rigor en la interpretación de los derechos fundamentales. Ahora bien, si hay miembros del Ejecutivo que no son capaces de distinguir una democracia como la española de una dictadura como la cubana por qué iban a saber distinguir el estado de alarma del estado de excepción.