La presidenta Borràs y sus contradicciones

Laura Borràs procede, como el expresidente Quim Torra, del ámbito del nacionalismo cultural y pertenece al ala dura de ese heterogéneo conglomerado de fuerzas que constituyen Junts per Catalunya, cuya argamasa es el Consell per la República, comandado por Carles Puigdemont desde Waterloo.

La figura de la presidencia del Parlament de Catalunya está cargada de connotaciones simbólicas. Especialmente, desde el encarcelamiento, juicio y condena de Carme Forcadell, quien accedió a tan alta magistratura avalada por su papel como presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), fundamental en la organización y difusión del nuevo independentismo de masas surgido en 2012. Forcadell puso el listón muy alto en lo relativo a la coherencia ética con los principios independentistas y devino una suerte de mártir y un icono del movimiento nacionalista.

Tras los comicios celebrados bajo la aplicación del artículo 155, fue sustituida por Roger Torrent, de ERC, en la particular lógica de reparto de poder entre los dos socios. A la fuerza más votada le corresponde la presidencia de la Generalitat y a la segunda, la del Parlament. Las experiencias de las jornadas de septiembre y octubre de 2017, personificadas en Forcadell, condujeron a que Torrent se atuviese, más allá de retóricas, a cumplir con las sentencias de los tribunales. Bajo su presidencia se negó a permitir la investidura de Puigdemont y se inhabilitó a Quim Torra por el mismo motivo que Juvillà: exhibir lazos amarillos durante la campaña electoral en edificios institucionales y desobedecer los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC). Entonces, desde Junts se inició una campaña de descrédito contra Torrent por su sumisión al aparato represivo español. En realidad, unas críticas dirigidas a ERC, a su estrategia de pactos con el Gobierno de coalición en Madrid y a la mesa de diálogo.

Mientras, Borràs protagonizó un ascenso meteórico en el universo de Junts, como consejera de Cultura, diputada en Madrid y cabeza de lista en las últimas autonómicas con aspiraciones a ser la primera presidenta de la Generalitat. Esta brillante trayectoria se vio ensombrecida por las investigaciones judiciales, abiertas en julio de 2018, por presuntos delitos de adjudicaciones fraudulentas cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes. La publicación en 'La Vanguardia' de los correos electrónicos tuvo un gran impacto. En ellos, Borràs instruía a un amigo sobre cómo trocear los contratos para evitar el concurso público. Como observó cáusticamente Albert Soler en el 'Diari de Girona', antes se descubrían las corruptelas convergentes cuando los políticos ejercían el cargo, ahora ya vienen de marca.

Borràs contratacó proclamando su inocencia, atribuyendo su situación penal a un montaje del Estado profundo para criminalizar a los líderes independentistas. Un recurso que tan bien había funcionado en el pujolismo desde Banca Catalana. Dice mucho de ella el frustrado intento de colar en la Mesa de la Cámara, entre cientos de puntos, una enmienda para derogar la norma -aprobada bajo la conmoción provocada por la confesión de Pujol- según la cual se perderá la condición de diputado cuando, por delitos de corrupción, se abra la vista oral.

Borràs asumió de mala gana la presidencia del Parlament, pues aspiraba a la vicepresidencia del Govern. En su discurso de investidura, cargado de veladas invectivas contra Torrent, aseguró que nunca se comportaría como él, permitiendo la destitución de Torra, y que seguiría el ejemplo de Forcadell. El caso Juvillà, idéntico al de Torra, desató todas sus contradicciones. Borràs intentó -como el homónimo juego de magia infantil- convencer de que no acataba la orden de la JEC mientras lo estaba haciendo. En su comparecencia ante la Junta de Portavoces, descargó su responsabilidad en los funcionarios y apuntó a una «realidad paralela» entre la legalidad del ordenamiento jurídico español y sus tribunales y la legalidad democrática emanada del Parlament.

Aquí se halla una clave del asunto. Desde el Parlament se intentó construir una legalidad alternativa a la española con las leyes de desconexión. Entonces, se comprobó que para crear un Estado no basta con una legislación parlamentaria, sino que, además, se ha de tener el control efectivo del territorio y el reconocimiento internacional. Circunstancias que no se produjeron entonces y que tampoco concurren ahora.

Por tanto, no existe ese conflicto de doble poder, sino que en la práctica solo funciona uno. De modo que Borràs acata la legalidad real o, como le puede ocurrir antes que acabe la legislatura, se arriesga a ser inhabilitada.