Pensiones y certidumbre

Nuestro sistema de pensiones, público, contributivo y de reparto, lleva siendo sometido durante muchos años a un cuestionamiento sobre su futuro y viabilidad. Desde los años 90 se vienen presentando informes -habitualmente, avalados por entidades de aseguramiento privado- que pronosticaban su quiebra inminente. Estos informes partían de un presupuesto falso: que el sistema era viable mientras fuera sostenible con las cotizaciones de los trabajadores en activo. Cuando esto no fuese así, entraba en déficit y, por tanto, era insostenible a largo plazo.

Esta visión sesgada confunde la naturaleza de nuestro sistema público de pensiones. Se percibe una pensión en relación a cuánto se ha aportado al sistema, pero no quiere decir que se sufrague exclusivamente con lo que cada uno ha aportado. No es un sistema de capitalización, sino de reparto. Las generaciones en activo contribuyen a sufragar las pensiones de los pasivos con sus cotizaciones sociales y, el conjunto de la sociedad, con otros recursos que se puedan asignar presupuestariamente.

La reforma de pensiones de 2013 del PP se hizo para resolver con drásticos recortes una realidad evidente: que en los próximos 27 años se incrementaría en un 50% el número de pensionistas, que si la esperanza de vida sigue aumentando cobraremos pensiones durante más años y, además, de mayor cuantía. No es probable que se inviertan esas tendencias en los próximos años. Para evitar que esa circunstancia derivase en un incremento de gasto cifrado por encima de 3 puntos de PIB, se diseñaron dos fórmulas de recorte: el índice de revalorización, que conllevaría sucesivas pérdidas de poder adquisitivo en las pensiones, y el factor de sostenibilidad, que venía a decir que a mayor esperanza de vida, menor pensión inicial. Con ella, una persona que hoy en día tenga 18 años con una expectativa de prestación de 1.500 euros mensuales cobraría 342 menos al jubilarse.

En el reciente acuerdo de pensiones alcanzado en la mesa de diálogo social entre CC OO, UGT y las organizaciones empresariales con el Gobierno, estos dos factores han sido derogados de nuestra legislación. Se ha sustituido la lógica del recorte por la lógica de la mejora en la estructura de ingresos llamada a sostener nuestras pensiones, ahora y en las próximas décadas, y se han definido gastos que hasta ahora se asumían desde la Seguridad Social y que a partir de ahora deben imputarse a los Presupuestos del Estado.

Este acuerdo y los que (esperemos) estén por venir pretenden dar certezas sobre el futuro del sistema público de pensiones. No se ha limitado a derogar los aspectos citados de la reforma de 2013, sino que se han contraído una serie de compromisos muy relevantes para hacer frente al previsible incremento del gasto que se dará hasta 2048.

Las certidumbres son claves porque, en el momento en que se instala en el imaginario colectivo la inviabilidad o la ineficacia de los sistemas públicos, ganan terreno las opciones de aseguramiento individual que facilitan la privatización y la individualización de los comportamientos. Y, a veces, el deterioro de las certidumbres no viene solo de los poderes económicos que aspiran a hacer negocio con las pensiones del futuro, sino de otros espacios que por vías y discursos distintos acaban por avalar -a veces, incluso de forma no intencionada- la idea fuerza perniciosa: el sistema empeora, se agota, se quiebra.

Los servicios públicos crean conciencia pública. Asentar la expectativa de cobrar en el futuro una pensión pública equiparable a la que ahora contribuimos a financiar las personas que estamos en activo refuerza la legitimidad política para defender el pago de cotizaciones sociales y la parte de los Presupuestos que sea necesaria para sostener unas pensiones suficientes.

Hay que ser extremadamente cuidadosos con mensajes que puedan extender la idea de que la 'caja de las pensiones' ha sufrido un desfalco y debe ser auditada; o negar la evidencia de que va a haber que sufragar la jubilación de las generaciones más numerosas del 'baby boom', haciendo como que no pasa nada. Insisto, el deterioro de la imagen de fiabilidad de lo público puede llegar de distintos espectros, y a medio plazo incitará al sálvese quien pueda y a la búsqueda de soluciones individuales.

Quien no me crea no tiene más que fijarse en los modelos educativos. La escuela concertada supone hoy en día mucho más que una bandera de la derecha política o de la Iglesia católica. Se ha legitimado en amplias capas sociales que ven en ese sistema de financiación pública de un modelo privado, un modelo virtuoso que les facilita la opción de segregar a sus hijas e hijos de otros niños más pobres, o con más problemas de inserción educativa. Y en algunos territorios como Madrid, la idea de una educación pública cada vez con menos recursos y calidad de la que 'escapar' se convierte en «sentido común» de la mayoría social.

En nuestro país, como en otros, está en disputa cómo se recomponen las bases materiales de importantes capas de la población, muy deterioradas desde la gestión 'austericida' de la crisis de 2008. El concurso de las llamadas clases medias al crecimiento económico es una variable de la que no puede prescindir ninguna corriente de pensamiento. La cuestión es el cómo se recomponen esas bases materiales: si a través de un nuevo contrato social, donde las prestaciones de jubilación públicas sean una espina dorsal del sistema y el papel del espacio público sea determinante para proveer de derechos de ciudadanía mediante sistemas fiscales suficientes y progresivos, o a través de un proceso de mercantilización y privatización, que lleve a una protección pública meramente asistencial y a un desmoronamiento de la solidaridad colectiva, basada en una trampa anti-impuestos.

Eso es lo que está en juego, y desde esa disyuntiva debemos continuar con el proceso de adaptación de nuestro sistema público de pensiones desde una perspectiva global y de disputa de lógicas económicas, pero también de legitimidad social y de solidaridad intergeneracional e interpersonal entre niveles de renta.

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