El nuevo curso

Así, Alberto Núñez Feijóo supo hábilmente colocarse en cabeza, jugando la baza de la moderación y del espíritu pactista, pero pronto tropezó con la rigidez habitual del presidente, dispuesto a plantearle una y otra vez el dilema de 'cede o muere'. Si secundas sus proyectos y sus medidas, quedas desdibujado porque nadie va a reconocerte el menor grado de participación. Si los rechazas, te toca la misma excomunión por ignorar los intereses nacionales que sufriera Pablo Casado.

Feijóo tropieza también con la táctica de desbordamiento que tan bien le va a la dirigente más aplaudida del PP, Isabel Díaz Ayuso, quien además nunca va a consultarle las medidas de oposición radical que constituyen su marca de fábrica. Y, por último, es víctima de un giro desfavorable de medios de comunicación anteriormente enfrentados al Gobierno y que ahora, por un lado, excluyen a los colaboradores más duros contra la política de Sánchez y, por otro, cada vez que Feijóo hace algo que pudiera parecer positivo son citadas de inmediato «fuentes del Partido Popular» que le contradicen. El origen de tales orientaciones resulta indescifrable, pero el desgaste de Feijóo está ahí, y para contrarrestarlas el senador orensano no es precisamente un dechado de imaginación política. Distanciado de Vox, puede perfectamente perder.

La larga distancia tampoco es favorable en principio para Pedro Sánchez, si la evolución económica no le respeta y si el laberinto de Unidas Podemos resulta incapaz de aglutinarse detrás de Yolanda Díaz. Es el único tándem en la izquierda susceptible de alcanzar suma positiva. En el discurso sobre el estado de la nación, el presidente hizo una oferta de atracción a las clases populares sin evaluar previamente el riesgo para los equilibrios del sistema. Todo sonaba muy bien: los impuestos a las empresas energéticas y a la banca, el mantenimiento de las pensiones, dinero para los jóvenes... Otra cosa es saber cómo va a funcionar eso, si bien la anunciada implantación de peajes en las autovías a partir de 2024 ya anuncia que por la vía tradicional de subir impuestos.

El plazo de verificación es lo suficientemente largo como para que pueda repetirse lo ocurrido en tiempos de Zapatero y que los anuncios de bonanza resulten arruinados por la llegada de las 'vacas flacas'. Claro que si los malos pronósticos no se confirman, o hay un nuevo Solbes capaz de encubrirlos a tiempo, el efecto positivo de la política progresista pueden asegurarle la reelección, sobre todo a la vista de una oposición miope como la llevada a cabo por el PP frente al decreto-ley de ahorro energético y su incapacidad para elaborar un plan de conjunto, más allá del mantra de bajar impuestos.

Y está la cuestión catalana. Los incidentes registrados en la conmemoración del atentado de las Ramblas han puesto de relieve que no nos encontramos ante un proceso donde sin más pueden asociarse independencia y democracia. Desde hace diez años, el independentismo no juega la baza del convencimiento doctrinal y de la espera a que mayoría de los catalanes secunden libremente su opción en las urnas, sino la de una presión permanente sobre la sociedad catalana con el fin de forzar su homogeneización en el sentido de su propuesta. Aquel que se oponga no solo no es catalán, sino un enemigo de Cataluña a aniquilar, un instrumento de ese terrible «fundamentalismo español» que denunciaba el magistrado Martín Pallín hace días. Y para llevar a cabo esa tarea, según pudo verse en la conmemoración de las Ramblas, al modo de Donald Trump, el imperio de la mentira desempeña un papel esencial.

Tal es el ambiente en que va a moverse la «mesa de diálogo y negociación», a partir de una clamorosa Diada el próximo 11 de septiembre. De entrada, gravita sobre ella la asimetría. El ministro Félix Bolaños, como Sánchez, carece de una visión propia del futuro de Cataluña que no sea ceder en lo posible a las exigencias del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El viejo federalismo del PSOE, acordado en Granada, ha muerto. Para el 'president', en cambio, el objetivo fundamental, insoslayable, es la autodeterminación que abra paso a la independencia. Y, de momento, el fin de la «judicialización»; esto es, la supresión de las barreras jurídicas vigentes que pudieran bloquear la aspiración catalana. Y esta situación, si el PSOE no la esconde bien, puede tener un alto coste electoral en el resto de España.

Aunque, puesto a esconder, el PSOE lo hace muy bien. Pensemos en el 'caso Griñán', susceptible de una válida aproximación humanista, con el deseo de que no ingrese en la cárcel, pero no de la falsificación del enfoque resumido en la frase «pagan justos por pecadores». Griñán no merecerá la prisión, pero el PSOE y la UGT sí merecen que la gestión de los ERE en Andalucía sea vista por todos los ciudadanos como un impresentable ejemplo de corrupción. El problema no es el indulto; es la enorme estafa cometida por responsables del socialismo andaluz.