Defendernos frente a la arbitrariedad

Sánchez sin despeinarse afirma estar dispuesto a gobernar sin el Parlamento, una afirmación que, objetivamente, le acerca a cualquiera de los autócratas populistas que menudean por ahí. No hay actividad legislativa y el decreto ley se ha convertido en la fuente ordinaria de producción del derecho. Ya ni siquiera se esfuerzan en repetir ese truco de que luego se tramitan como proyectos de ley. No se está haciendo. Para eso está la presidencia del Congreso, erigida en cancerbero para impedir el paso a nada que ponga de manifiesto la precariedad de un Ejecutivo que en una democracia parlamentaria carece de mayoría.

Se ha llegado al atropello de impedir que el Congreso vote las enmiendas introducidas en el Senado, cámara colegisladora integrante de las Cortes Generales. Se ronda la prevaricación y se extiende el capricho y la pura conveniencia de Sánchez para apuntalarle, aunque no se olvide que solo los edificios en riesgo de derrumbe necesitan ser apuntalados.

Sus acompañamientos, tan sensibles en otros momentos, no tienen nada que decir cuando el hermano del presidente del Gobierno acaba de ser procesado, ni cuando la cónyuge presidencial sigue sometida -cada vez más sometida- a un procedimiento judicial, ni cuando día tras día las andanzas de José Luis Ábalos, aquel que presentó la moción de censura que desalojó a Rajoy alegando la corrupción de Bárcenas, nos ofrecen nuevos motivos para la náusea.

La razón es sencilla, esa arbitrariedad consentida juega a favor de las estrategias extractivas de los socios de Sánchez y si antes se ponían estupendos como heraldos de la honradez en la vida pública, ahora hacen la vista gorda ante casos que tumbarían a cualquier jefe de Gobierno. Porque, si reconocieran el grado de degradación al que este Ejecutivo está arrastrando a la vida pública e institucional, tendrían que tomar decisiones que no están dispuestos a adoptar. Visto con cierta perspectiva de futuro, las tragaderas y el papelón que están haciendo, entre otros, el Partido Nacionalista Vasco, resultan más que notables.

Y en esto llega el apagón. Dos días después de producirse, la presidenta de Red Eléctrica comparece en sendas entrevistas controladas en medios amigos, incluida Televisión Española, para mandar dos mensajes: uno, no va a dimitir; y dos, el operador del sistema eléctrico no ha hecho nada mal. Previamente Sánchez ya había definido su estrategia consistente en embarrar el terreno, poner a todo el mundo en la diana, arremeter contra los «operadores privados», seguir alentando la hipótesis de un ciberataque ya completamente descartado, y todo para dejar claro que, una vez más, este Gobierno nunca tiene responsabilidad alguna porque son siempre otros los culpables.

Pero incluso Sánchez puede estar yendo demasiado lejos. Su ofensiva contra operadoras eléctricas es un intento de salir del atolladero a golpe de demagogia. Y hay que resistir ese intento alocado del presidente de arremeter contra todo con tal de que no quede expuesta la incompetencia gestora, ni quede en evidencia el sectarismo ideologizado de su política energética. La respuesta de los socios vascos de Sánchez va desde el aprovechamiento de la coyuntura por Bildu para reclamar un modelo de «soberanía energética vasca» hasta la meliflua actitud del PNV pidiendo que «no se señalen culpables». Que Bildu reclame la «soberanía energética» cuando el País Vasco apenas produce una décima parte de la energía que consume forma parte de sus peligrosas ocurrencias. Y el PNV, una vez más en el penoso papel de acompañante de Sánchez cuando el presidente del Gobierno, con tal de eludir su responsabilidad, se dispone a atacar, entre otras, a empresas vascas de una enorme importancia económica y social que deben ser defendidas de la arbitrariedad de este Ejecutivo. Para ello harán falta mucho más que los ruiditos de disgusto nacionalista a los que Sánchez ya les tiene tomada la medida.