'Menos impuestos'

La reclamación de 'menos impuestos' no es ninguna novedad; al menos, por parte de quienes siempre se sienten víctimas indefensas de una presión fiscal confiscatoria y abogan por una intervención mínima del Estado en el ámbito de lo económico, que ha de quedar reservado a la dinámica de los mercados sin que los poderes públicos deban inmiscuirse. En realidad, más que una medida para hacer frente a una coyuntura especial como la actual, cuya evolución resulta bastante incierta por el momento, la bajada de impuestos que se reclama es un mantra recurrente que se utiliza siempre para evitar que, como nos ha advertido el recién estrenado jefe de la oposición, «el Gobierno se esté forrando» (sic) a cuenta de los impuestos que se ve obligado a pagar el sufrido contribuyente.

En una coyuntura como la que atravesamos, en la que a los efectos de una pandemia aún inconclusa hay que añadir los derivados del incontrolado comportamiento de los mercados de la energía como consecuencia de la guerra de Ucrania, contar con recursos públicos suficientes para poder afrontar la situación no es una opción entre otras, es una necesidad ineludible. Reclamar en estas circunstancias una bajada generalizada de impuestos como condición para colaborar en las medidas que va a haber que adoptar a partir de ahora puede ser un alarde de liberalismo económico, pero tiene poco que ver con las tareas que hay que acometer de forma urgente para afrontar una situación como la actual.

Ello no impide que se pueda debatir sobre una reducción selectiva y temporal de algunos impuestos, en especial los directamente relacionados con el aumento desbocado de los costes de la energía. Pero eso es una cosa y otra muy distinta aprovechar el malestar generalizado por el aumento de los precios, como se refleja en la elevación del IPC hasta rozar la cifra emblemática del 10%, para reclamar una bajada generalizada de impuestos. Y todo ello sin hacer ninguna previsión de cómo se puede reequilibrar la disminución de la recaudación (¿o no se prevé ninguna medida en este sentido?) ni, lo que es más importante, hacer estimación alguna del impacto en términos sociales que comporta la reducción de los ingresos fiscales.

Si bien acontecimientos recientes -de forma muy destacada, la guerra de Ucrania, pero también otros como la renovación del liderazgo en el principal partido de la oposición o la novedad de la composición del Gobierno de Castilla y León- han eclipsado otros temas, no hay que olvidar que la fiscalidad ha sido objeto de los trabajos de una comisión de expertos cuyo informe final (marzo) aporta una serie de propuestas que convendría tener en cuenta. En especial por lo que se refiere al tratamiento específico que han de tener algunas de las figuras que integran el sistema fiscal. Pero, en cualquier caso, lo que no se hace es recurrir al mantra de 'menos impuestos' como directriz a seguir en relación con la fiscalidad.

No resulta fácil, por otra parte, compaginar la bajada de impuestos que se reclama con la cobertura de los gastos sociales que, más que nunca en este momento, hay que afrontar para poder dar respuesta adecuada a los sectores más afectados por la crisis actual. Y menos aún si a estos gastos sociales necesarios hay que añadir, como se ha anunciado, nada menos que una duplicación de los gastos militares para poder cumplir con las obligaciones que la pertenencia a la OTAN nos impone.

La fiscalidad ha sido siempre uno de los temas claves de la política económica y social; con más motivo aún en una coyuntura como la actual. Es un asunto sobre el que resulta decisivo llegar a acuerdos, que necesariamente han de ser plurales, entre quienes abogan por garantizar la suficiencia de los ingresos fiscales, sin la que no es posible desarrollar programa social alguno; lo que, además, contribuiría a cohesionar sobre bases sólidas una mayoría parlamentaria, hoy sumamente precaria, para el resto de la legislatura.

Se trata, en definitiva, de decidir si se opta por 'menos impuestos' para evitar que el Gobierno 'se forre' a nuestra cuenta, o bien por garantizar unos ingresos fiscales suficientes que permitan mantener los servicios y las prestaciones propias del Estado social que nuestra Constitución proclama.