Los balones fuera del lehendakari

1: El salario y las condiciones laborales del sector público vasco dependen de Madrid, no tenemos la competencia.

2: Sería una irresponsabilidad gastarse 500 millones de euros en cumplir las peticiones del colectivo.

3: Tenemos voluntad negociadora. Y las condiciones laborales del personal público de la CAPV son mucho mejores que la del resto del Estado y del sector privado.

¿Es una irresponsabilidad gastarse 500 millones en cumplir con las reivindicaciones del colectivo o es más irresponsable mantener los servicios públicos en constante deterioro, mientras las instituciones vascas tienen 10.000 millones en la banca? Recordemos los siguientes datos:

-La inversión en salud en la CAPV está a la cola de Europa: 5,7% del PIB, por debajo del Estado (en Europa es el 8% del PIB).

-La inversión en educación también está a la cola de Europa: 4,24% del PIB en la CAPV, por debajo del Estado español y solo por encima de la inversión pública en Rumanía e Irlanda.

-Condiciones laborales: en el sector público se llevan más de diez años sin acuerdos reguladores, la tasa de temporalidad es del 49%, la más alta de Europa y el triple que en el sector privado (24.000 temporales en Osakidetza y más de 15.000 en Educación), la pérdida de poder adquisitivo es superior al 20% en la última década, y los recortes y escasez de plantillas perjudican gravemente la salud física y emocional de las plantillas. Sin olvidar que hay más de 100.000 personas trabajando en el sector público privatizado.

Asimismo, cuando el Gobierno vasco dice que no tiene competencia para decidir aquí los salarios y el empleo, se le olvida añadir que la erosión competencial no solo la están haciendo el Estado y sus tribunales, sino que las instituciones vascas y los partidos vascos que dicen ser soberanistas están contribuyendo activamente.

Por un lado, las instituciones vascas llevan años haciendo dejación de una competencia propia para cumplir a pies juntillas lo marcado por Madrid. De hecho, ni la Constitución, ni las sentencias del Tribunal Supremo manifiestan que las condiciones laborales del personal público sean competencia exclusiva del Estado. En efecto, las sentencias vienen a establecer lo contrario: como norma general y básica, las competencias para determinar las condiciones laborales del sector público corresponden a la CAPV. Solo en situaciones excepcionales y justificadas en cada momento podrá el Estado invadir esa competencia.

Y, por otro lado, estos últimos años los partidos políticos vascos que dicen defender el derecho a decidir en Euskal Herria (PNV, EH Bildu, pero también Elkarrekin Podemos) vienen dando su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (incluidas sus cláusulas centralizadoras), y de este modo ceden al Estado las competencias vascas en materias tan sensibles como el empleo o los salarios, cosa que no ocurría en los años 80 y 90.

Además, pese a que el Gobierno vasco dice que tiene voluntad negociadora y que las condiciones de las plantillas del sector público son mejores que en el sector privado, hay que recordar que en este sector privado en el último año se han cerrado decenas de convenios que afectan a miles de personas con subidas salariales como mínimo del IPC. En el sector público vasco de la CAPV, por el contrario, llevamos más de una década sin la firma de ningún acuerdo global de condiciones laborales, con una temporalidad del 49% y una pérdida de poder adquisitivo del 20%.

Mientras el lehendakari pide públicamente a las patronales del sector privado que adecúen los salarios a la realidad socioeconómica del país, en los ámbitos donde tiene responsabilidad directa (servicios públicos) ejerce de patronal y aplica rebajas salariales. Eso sí, despejando balones fuera, que ahora toca devolver a la cancha. Jugamos los días 25 de octubre y 19 de diciembre. Nos vemos en la huelga.