Residencias, sí. Armarios, no

En su propuesta de Ley Integral LGTBI+ para Euskadi, el Observatorio Vasco LGTBI+ incluye un artículo de protección de las personas mayores LGTBI+. Recoge que las administraciones les permitirán acceder a una atención integral adecuada a sus necesidades en condiciones de no discriminación; que tendrán derecho a ser acogidas de forma respetuosa en las residencias, centros de día o viviendas tuteladas, por el personal que trabaja en los mismos, así como por el resto de residentes y familiares; y que garantizarán la continuidad de los tratamientos de las personas trans e intersexuales que así lo requieran.

Como todo el mundo, ¿no? ¿Por qué una ley, entonces?

Porque no sucede así. Es fácil comprobar en cualquier residencia de ancianos o centro de día la ausencia de la diversidad LGTBI+. Son un fiel reflejo de la sociedad, en la que las personas mayores LGTBI+ parecen dejar de existir. Las causas sociales y culturales son múltiples, pero no existen locales o actividades para ell@s, tampoco tienen una voz política y, en general, sin descendientes que les cuiden o apoyen en la consecución de sus necesidades, el desamparo es mayor.

En Euskadi no abundan las redes de apoyo. Solo la asociación Aldarte mantiene un grupo continuo de trabajo con personas mayores LGTBI+. Hace dos años, una experiencia en Getxo alcanzó cierto impulso mediático: el proyecto 'Gu ere bagara' recogió testimonios y realizó una exposición, pero su visibilización de la realidad LGTBI+ de las personas mayores fue escasa. En Cataluña o Madrid existen redes de ayuda a personas mayores LGTBI+ dependientes por parte de activistas LGTBI+ más jóvenes.

Dado el individualismo igualitario en que vivimos, la vivencia de pérdida de dignidad que experimentamos si llega una situación de dependencia es probablemente la más cruel de la historia. Las mejores costumbres personales y sociales y la medicina científica han prolongado la vida, y las situaciones de dependencia se han generalizado en el seno de familias profundamente modificadas que no pueden afrontarlas. Las soluciones son necesariamente ejemplos de violencia para el individuo: personas cuidadoras extrañas en casa, toma no consultada de decisiones de carácter médico o económico, residencia en un lugar no deseado con obligación de compartir habitación y cuarto de baño, y tutelas legales en favor de un familiar o de la Administración. Los recursos económicos propios necesarios para evitar estas situaciones son inmensos, no hay ahorro que aguante cinco o diez años de dependencia relevante.

Las residencias intentan trabajar el enfoque de atención centrada en la persona, y el modelo de viviendas comunitarias y apartamentos tutelados puede ayudar en esta situación olvidada. Por su lado, la propuesta de ley del Observatorio incluye la creación de un centro específico para mayores LGTBI+ en cada territorio histórico, con funciones de residencia y centro de día, en atención a las experiencias de su vida, a la necesidad de seguridad frente a familias de las que dependan y no les respeten, o en la búsqueda de comprensión mutua entre iguales sin la obligación de invisibilizarse. En Madrid, la residencia Josete Massa (pública) es una experiencia pionera, aunque con múltiples dificultades para iniciar su andadura.

Esta propuesta no es crear guetos. Llamar gueto (y no espacio de diversidad, por ejemplo) al lugar, es asumir desde el lenguaje que la opresión existe, y ejercerla, culpando al perseguido de que se quiera refugiar con sus pares. En el propio colectivo LGTBI+ hay controversias al respecto por una supuesta falta de integración y un supuesto riesgo de señalamiento. Pero este discurso empoderado no se corresponde con la realidad de personas vulnerabilizadas como Fernando, en necesidad de un espacio seguro o, al menos, de una situación en sus últimos años de vida igualitaria con aquella que, sin pensarlo, 'goza' la sociedad heteronormativa dominante. ¿Tendríamos las actuales condiciones de visibilidad de las personas LGTBI+ sin la experiencia previa de los barrios LGTBI+? Sabemos que no.

Solo los partidos políticos adscritos al centro-derecha y la derecha no recogen en su programa electoral una propuesta de Ley Integral Vasca LGTBI+.