Equilibrio en Cataluña

Sánchez se situaba, de este modo, en ese punto medio que tan cómodo le resulta para encontrar el equilibrio entre quienes han impulsado el proceso independentista en Cataluña y quienes reclaman el cumplimiento de las penas por sedición y por malversación de fondos públicos.

Sin embargo, ese punto intermedio entre quienes se jactan de haber incumplido los mandatos judiciales y haber tensado la convivencia en Cataluña y quienes reclaman el respeto a la ley no resulta un punto virtuoso, sino una referencia virtual escogida por la conveniencia del apoyo parlamentario que conlleva.

Era Pedro Sánchez quien decía que «hay que acabar con los indultos políticos, siento vergüenza y pido perdón a la ciudadanía por los del PSOE», pero todavía no ha explicado el cambio de parecer que le hace sacar a los presos a la calle pese a la falta de compromiso con el respeto a la legalidad que han expresado públicamente los condenados. Quien sí ha explicado lo que hay tras el cambio de opinión de Sánchez es Oriol Junqueras, que ha dicho que el motivo que impulsa los indultos es la debilidad del Estado y muy especialmente, cabe añadir, la debilidad del Gobierno.

Sánchez se arranca con nueve indultos que son nueve casos distintos en cuanto a penas, interpretación de sus actos y de la propia medida de gracia. Un indulto de estas características responde más a la idea que tenemos de amnistía que de la que corresponde al indulto, lo que podría complicar la solidez del decreto en el proceso judicial que se puede abrir contra la decisión del Gobierno.

El riesgo que asume Sánchez es grande tanto para sí como para la estabilidad del Estado. A partir de ahora se enfrenta a una posible reversión jurídica de su medida, lo que nos pondría en un escenario de tensión nunca visto antes. Por otro lado, nada asegura que esta decisión vaya a servir para normalizar las relaciones políticas entre los gobiernos de Cataluña y España y, más aún, entre las distintas sensibilidades políticas catalanas.

El presidente del Gobierno se equivoca al considerar que hay un punto de equilibrio entre las garantías y libertades constitucionales y las pretensiones del nacionalismo catalán. La realidad es que, en Cataluña, en este momento, sin necesidad de buscar nuevos puntos de aproximación a los independentistas, ya existe una importante falta de libertad, como es la imposibilidad de que los alumnos que así lo deseen puedan estudiar en su lengua materna si esta es el español, de la misma manera que tampoco pueden rotular sus comercios quienes quieran hacerlo en esa lengua por la imposición de una Administración identitaria. Las instituciones no guardan la debida neutralidad en sus actuaciones, siendo el caso más explícito, aunque no el único, el de TV3.

Puede haber un punto intermedio entre la Constitución y las aspiraciones del nacionalismo catalán, pero lo que no hay es un punto de equilibrio entre los derechos fundamentales y esas pretensiones, no ya por independentistas, sino por autoritarias y excluyentes.

En Cataluña, los partidos de derechas han perdido el 'seny' y han sido absorbidos ideológicamente por la izquierda radical a la que han emulado y superado. A su vez, la izquierda ha entrado en competición hasta llegar a usar el dinero público para sus fines políticos y sumar sus votos a los de la derecha para enfrentarse a la ley y al Estado. En este escenario, lo razonable no es buscar un punto medio entre esas pretensiones y el normal gobierno de un país sino conducir a quienes se saltan las leyes al adecuado ejercicio de la política, con respeto a la sociedad que dirigen y con consciencia de su pluralidad.

Por ello, el equilibrio en Cataluña no vendrá por aproximarse al extremismo sino por identificar sus problemas, frecuentemente causados por el propio nacionalismo, y resolverlos con arreglo a los parámetros de la normalidad europea, aplicación de la ley y de las sentencias judiciales. Como decía el propio presidente Sánchez en octubre de 2019 tras el fallo del Tribunal que juzgó a los líderes del 'procés': «Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado -y me gustaría, además, subrayarlo- con plenas garantías y absoluta transparencia. Como corresponde en un Estado social y democrático de Derecho, el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento». Ese era el camino.