Una época de cambios regulatorios y fiscales

En un entorno volátil como el actual, en el que la rapidez a la que se desarrollan los acontecimientos marca el ritmo de las agendas corporativas, gubernamentales e institucionales, las empresas deben ganar el músculo suficiente para afrontar los posibles cambios regulatorios o fiscales que puedan producirse y, en la medida de los posible, anticiparlos para responder con agilidad ante ellos.

De las perturbaciones que antes mencionábamos, quizá la más visible es la inflación. Cuando el año pasado comenzó a incrementarse, impulsada por la escalada de los precios de la energía, las previsiones apuntaban a que sería un efecto coyuntural, ligado a la expansión de la demanda una vez que la pandemia parecía controlada. Sin embargo, el conflicto en Ucrania ha agravado y prolongado este problema, que ya se ha trasladado al conjunto de la economía, tal y como demuestran la evolución que la inflación subyacente, aquella que excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados.

Ante el riesgo de que la subida de precios se mantenga en los registros actuales (recordemos que en julio se situó en el 10,8% en España y en el 10,5% en el País Vasco), las empresas vascas deberían tener la vista puesta en sus posibles efectos en dos ámbitos. El primero sería la estructura de costes, en el que se incluiría el aumento de los precios de las materias primas o el transporte, la evolución de los salarios o las obligaciones derivadas de acuerdos y contratos establecidos previamente. Además, podríamos enmarcar en esta área el modo en que ese aumento de costes se va a reflejar en el precio de los productos o servicios, en un difícil equilibrio entre rentabilidad y satisfacción del cliente. El segundo ámbito englobaría las medidas fiscales, legales y monetarias que gobiernos e instituciones financieras están adoptando en este escenario. Como todos sabemos, el Banco Central Europeo acaba de subir un 0,5% los tipos de interés, un incremento mayor del esperado. Esta decisión, ya prevista, obliga a las compañías a evaluar el impacto de los nuevos tipos en sus líneas de financiación y, si fuera necesario, a redefinir la estrategia ya prevista buscando fuentes alternativas. Asimismo, será necesario determinar si las operaciones corporativas ya previstas siguen siendo favorables.

El anuncio del BCE se producía días después de que el Gobierno central anunciase impuestos temporales sobre la banca y las grandes energéticas, que se suman a otras medidas aprobadas en este ejercicio de intensa actividad legislativa. Estos sectores no solo tienen que calcular el impacto que puedan tener en sus cuentas (complicado, si tenemos en cuenta que aún no se conoce cómo se gravarán estos tributos), sino que deben definir la respuesta que darán a sus inversores para transmitirles seguridad ante esta situación. La caída bursátil que experimentaron las compañías de estas actividades tras ser comunicada la implantación de esos gravámenes pone de manifiesto que preparar esta respuesta es clave.

A estos cambios regulatorios y fiscales se suman los derivados de las grandes transformaciones a las que estamos asistiendo como sociedad y que están orientadas a construir una economía más sostenible. De hecho, en poco más de un año han entrado en vigor el Reglamento de Taxonomía, que define las características de los proyectos considerados inversiones sostenibles, o la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que establece un impuesto a los envases plásticos.

El sector privado, consciente de que la sostenibilidad es un motor de crecimiento y del mayor escrutinio de la sociedad sobre su contribución en superar los retos comunes, está dando pasos no solo para integrar esta normativa, sino para adelantarse a ella. Y aunque es cierto que la actualidad se está imponiendo y los objetivos de descarbonización marcados por la UE parecen susceptibles de quedar relegados ante la necesidad de garantizar el suministro energético para el próximo invierno, no podemos obviar que las instituciones europeas apuestan decididamente por la transición energética y la neutralidad en carbono. Al fin y al cabo, más allá del objetivo de construir una sociedad más verde, nos permitiría ganar soberanía en un ámbito crucial para el crecimiento económico.

En definitiva, en un entorno complejo como el actual, los cambios regulatorios y fiscales son frecuentes. Las empresas deben permanecer alerta para anticiparlos y dar una respuesta que genere certidumbre en sus grupos de interés.