El gran invento de las consultoras
La ocupación por estas empresas de parte del empleo público que se eliminó en la crisis de 2008 no implica ahorro ni racionalización
El neoliberalismo es el paradigma de las contradicciones que desde sus inicios han caracterizado al sistema capitalista, centradas fundamentalmente en la creación de un engranaje ... que empuja a todos los factores de producción de forma constante y permanente en una sola dirección, generando así un desequilibrio metódico e invariable en un sistema cuya única razón de ser es el crecimiento ilimitado de la producción y de la acumulación de capital en la cima de la pirámide social.
En una época en la que la concentración del poder es algo sin precedentes en la historia, unos pocos cientos de personas controlan los principales grupos financieros del mundo y del complejo militar-industrial. Grupos que tienen todas las herramientas del poder y que pueden determinar las decisiones políticas de los Estados que los albergan y de todos los que dependen de ellos.
Pues bien, dentro del conglomerado del sistema neoliberal brillan con luz propia las empresas consultoras o lo que es lo mismo, las que se denominan 'empresas de servicios profesionales que asesoran a empresas y gobiernos en las distintas áreas de especialización que son necesarias para su correcta administración'. Es curioso lo de su 'correcta administración', ya que da por hecho que desde la propia Administración o la empresa en cuestión no se puede dar solución al problema.
Al margen de la consideración que cada cual tenga de este tipo de empresas, es una realidad manifiesta que la eliminación de gran parte del empleo público que generó la política de austeridad que se aplicó tras la crisis de 2008 propició que las consultoras ocuparan los espacios que la misma propició. Curiosamente, ello no vino acompañado ni de mayor ahorro ni de mejor racionalización, lo cual es lógico, ya que este tipo de empresas siempre antepondrán los intereses privados a las necesidades de la sociedad y su propia contratación, al margen de los resultados de sus informes, incrementará siempre los gastos.
Las sociedades líquidas en las que vivimos son un buen caldo de cultivo de empresas como estas, donde, además de la finalidad de su existencia y la escasa o nula rentabilidad social que señalábamos en el párrafo anterior, encontramos una 'cultura tóxica' en su funcionamiento interno que destroza a los trabajadores que las integran. Presión inmisericorde, jornadas maratonianas, hábitos abusivos, competitividad exacerbada, tensión y control insoportables son las características que las definen internamente.
Y no olvidemos que a todo ello se suma el hecho de que algunas de ellas (Accenture, BlackRock, Deloitte, McKinsey, KPMG, PwC, EY...) se están adueñando de los gobiernos de muchos Estados europeos. Junto con las asociaciones público-privadas y las externalizaciones, ocupan cada vez más un lugar preeminente en numerosos países europeos y en la propia UE. Se han convertido en actores con gran capacidad de influencia en la Administración pública, como observamos también en España o en nuestra comunidad autónoma.
La comercialización de los servicios públicos ha reducido el empleo y los salarios, desgastando el diálogo social y las prestaciones que se proporcionan a la ciudadanía y que se costean con sus impuestos. La contratación de estos 'consultores externos' para que lleven a cabo funciones centrales del Estado, autonomías, ayuntamientos, como la elaboración de políticas públicas, contratos públicos, iniciativas legislativas o incluso planes de reestructuración del sector público, siempre resulta más cara (realmente ruinosa para lo que ofrecen) y se hace imprescindible al eliminar puestos de trabajo estructurales y necesarios de la Administración que los contrata y que si se mantuvieran podrían realizar el trabajo que se les encarga a unas empresas de las que también se sirven quienes las contratan para definir sus políticas.
Como su contratación suele pasar desapercibida, al considerarse un traspaso de funciones del sector público al privado que genera puestos de trabajo, es bastante lógico que tiendan a convertirse en 'gobiernos paralelos' con sus propias agendas políticas y con un funcionamiento caracterizado por la falta de transparencia, la ausencia de rendición de cuentas y costes estratosféricos para lo que ofrecen. Y no olvidemos que arrebatan al sector público los 'conocimientos especializados' que supuestamente proporcionan y que incrementan la burocracia.
Lo correcto sería limitar o, incluso, vetar su utilización y restaurar los defenestrados servicios públicos para volver a controlarlos. Labor difícil si tenemos en cuenta que el sistema neoliberal que las ampara no es solo un conjunto de ideas, sino también un paradigma de gobierno en el que herramientas como esta son muy útiles.
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