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La proposición de ley sobre medidas para combatir la deslocalización empresarial plantea la obligación a todas las empresas que incurran en deslocalizaciones de devolver las ... ayudas públicas recibidas. Esta iniciativa está suscitando un gran interés, ya que la deslocalización empresarial, junto con la atracción de talento, son dos de los grandes retos que afrontamos a medio plazo en Euskadi.
Además, el momento actual es idóneo para tomar decisiones al respecto, dado que la situación geopolítica y el creciente proteccionismo están provocando el retroceso de las cadenas de valor multinacionales en favor de modelos de aprovisionamiento más cercanos y próximos a sus mercados finales. Todo ello representa una clara oportunidad para EE UU y la UE de atraer aquellas actividades productivas de mayor valor que abandonan terceros países, así como de nuevas inversiones industriales en sectores emergentes.
Las compañías multinacionales centran sus decisiones de nuevas inversiones productivas principalmente en la búsqueda de países que ofrezcan condiciones socioeconómicas favorables, ecosistemas empresariales y de investigación avanzados, así como un ámbito legal e institucional con una orientación 'business friendly'. En este sentido, los apoyos públicos (incentivos fiscales, ayudas a fondo perdido, financiación blanda) son una de las palancas clave. La UE ha permitido crear un marco común y una regulación de las ayudas de Estado, pero la dispersión de las políticas nacionales genera una pérdida de competitividad a la hora de abordar procesos de atracción de nuevas inversiones, debido a la creciente competencia entre países.
Desde nuestra experiencia, las ayudas públicas e incentivos fiscales son un complemento y potencial catalizador para lograr decisiones de inversión en países que mantengan entornos favorables. El apoyo público es una condición necesaria, pero no suficiente ante un escenario de fuerte competencia entre países por atraer proyectos industriales. Respecto a las deslocalizaciones, es importante señalar que estas decisiones no son fáciles de tomar, son el resultado de múltiples factores empresariales y de mercado. Y cualquier medida restrictiva del clima de negocios que introduzca un potencial riesgo o reduzca el margen de libertad en la toma de decisiones empresariales podría suponer una pérdida de competitividad para Euskadi y la reducción de su atractivo para la captación de nuevas inversiones productivas o en centros de trabajo ya implantados.
La normativa propuesta podría provocar, además, una anulación indiscriminada del efecto buscado con las ayudas e incentivos públicos, cuyo objetivo primordial es cubrir fallos de mercado e incentivar el desarrollo de actividades de interés común para el País Vasco, tales como la promoción de la I+D+i, la modernización de factores de producción, el apoyo a la contratación de colectivos especialmente vulnerables o la integración social de personas con diversidad funcional a través de centros especiales de empleo, al obligar a su destinatario a asumir un potencial riesgo que anula el beneficio.
Por estos motivos, KPMG ha propuesto en el Parlamento vasco otro tipo de medidas de prevención y mitigación de las deslocalizaciones, que son fruto del trabajo que venimos desarrollando junto con el Gobierno central, así como con otros ejecutivos autonómicos. Entre estas medidas, destacamos el desarrollo de sistemas de monitorización y seguimiento de empresas con matriz o centros de decisión en el extranjero, el diseño de acciones orientadas a facilitar la atracción de ampliaciones y nuevos proyectos de inversión (simplificación administrativa, vías 'fast track' para proyectos estratégicos, formación, I+D), la creación de instrumentos de financiación para empresas con las que facilitar su transición y estabilización en momentos de crisis, la puesta en marcha de unidades 'UCI' de análisis de viabilidad y definición de planes de apoyo personalizados a empresas en dificultades o mesas de diálogo social que impulsen medidas de flexibilidad laboral.
Como medidas de mitigación, destacaría la recolocación de trabajadores, que son obligatorias en diferentes condiciones y modalidades según la normativa laboral en países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Bélgica, la creación de mesas de reindustrialización, implicando a la Administración, empresa y representantes de los trabajadores (como el caso de Nissan en Barcelona), e impulsar por parte del Gobierno procesos de búsqueda y evaluación de inversores para empresas en situación de crisis.
En resumen, la mejor forma de combatir la deslocalización empresarial no es amenazar a los que pueden invertir, sino todo lo contrario: trabajar en la atracción de talento y nuevas inversiones a Euskadi.
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