Constitución y consenso entrecruzado

¿Qué principios de justicia básicos corresponden a una sociedad razonablemente cohesionada, en la que los conflictos son encauzados y tratados con racionalidad? Invito al público lector a que participe en el siguiente experimento mental. Tomemos algunos líderes, hagamosles retroceder en el tiempo hasta antes del nacimiento y preguntémosles qué principios elegirían para la sociedad en la que van a nacer, cubiertos por un velo de ignorancia que les impide conocer su estatus, raza, religión o cualquier otra condición.

Por ejemplo, Otegi, que no sabe si va a ser nacionalista radical o constitucionalista, ¿consideraría apropiado el apoyo a la organización que asesinaba al adversario político? Iglesias, que desconoce su identidad política, ¿consideraría justo el régimen chavista? Pero también Sánchez podría nacer en una familia de terratenientes y Casado, ser hijo de un pescador.

Los ejemplos anteriores son una aproximación a la propuesta de John Rawls, la justicia como equidad, que considera la posibilidad de un orden democrático, aunque no perfecto, sí razonablemente justo. Una característica profunda de las sociedades avanzadas es el hecho del pluralismo razonable. Los ciudadanos tenemos visiones filosóficas, religiosas y morales diferentes, muchas veces encontradas y que si no es por la utilización del uso opresivo del poder del Estado no se pueden eliminar.

Partiendo del pluralismo razonable, ¿qué principios son los apropiados para definir derechos y libertades básicas, y regular las desigualdades? Rawls propone un experimento en el que las partes que representan a los ciudadanos deliberan sobre los principios de justicia de una sociedad bien ordenada, con dos condiciones: las partes ocupan posiciones simétricas y desconocen los intereses y concepciones del bien de sus representados (velo de ignorancia). En esas circunstancias, Rawls dice que se alcanzarían los siguientes acuerdos: primero, derecho irrevocable a un esquema de libertades básicas iguales; y segundo, igualdad equitativa de oportunidades, de modo tal que las desigualdades nunca operen en contra de los menos favorecidos.

La reciprocidad del principio regulador de las desigualdades significa que las rentas de los más favorecidos no pueden aumentar si disminuyen las de los menos favorecidos. Así, la justicia como equidad establece lo político como un dominio distintivo que puede ganarse el apoyo de las distintas doctrinas comprehensivas y ser el foco de un consenso entrecruzado donde 1) el contenido de los derechos y libertades está bien fijado; 2) la razón pública es clara, fiable e inteligible; y ello, 3) genera lealtad y fortalece las virtudes cooperativas.

El primer principio de Rawls cubre las esencias constitucionales que definen, de un lado, los distintos poderes y el proceso político, y de otro, los pariguales derechos y libertades. Aunque está bien recogido en la Constitución española, los problemas se centran fundamentalmente en el vaciamiento del legislativo y en la separación de poderes. El segundo principio está subordinado al primero y a la igualdad equitativa de oportunidades. Es más exigente que el primero y aunque la Constitución reclama de los poderes públicos que desarrollen una actividad tendente a conseguir una igualdad material y una efectiva libertad, no ha producido los resultados prometidos. Aunque la CE contiene 'in nuce' los principios de Rawls, queda todavía mucho trabajo legislativo para ser el foco de un consenso entrecruzado.

Una sociedad bien ordenada soluciona el problema de la estabilidad cuando los ciudadanos que profesan doctrinas comprehensivas razonables convergen en un mismo dominio que aporta el contenido de sus juicios políticos. En la España de hoy, la estabilidad solo puede venir de la convergencia de PSOE, PP y Cs en un dominio político como el señalado que limite los desacuerdos. El PSOE se equivoca gravemente pactando con aquellos que profesan doctrinas comprehensivas irrazonables. No se va a alcanzar la estabilidad pactando con aquellos que han utilizado la violencia del poder político para imponer su doctrina nacionalista. Ni con los que no se desdicen de su pasado tenebroso ni con los que se desentienden de la igualdad entre españoles. Ni tampoco con aquellos que creen poseer la verdad entera y rechazan las esencias constitucionales.