La Justicia es una cuestión de Estado

Esa visión del mundo suele condicionar nuestras decisiones tanto como abogados como en los casos en que ejercemos al tiempo cargos en la Abogacía institucional. Porque somos plenamente conscientes de que la paz social en toda sociedad democrática depende, en buena parte, de que esta disponga de un servicio público de Justicia que resuelva los conflictos, aplicando las leyes que la propia sociedad se ha otorgado, en tiempo y forma: en definitiva, que soluciona problemas a la gente, protegiendo sus derechos y libertades.

Esa es la función primordial del servicio público de Justicia. El que hoy en día lleva meses paralizado. Desafortunadamente, desde que la mayoría de nosotros tenemos uso de razón se habla de 'la crisis de la Justicia'. Así, en singular. Crisis. Como si fuera consustancial a la misma. Y es que la Justicia no parece haber importado mucho, o al menos no lo suficiente, sea cual fuere el color de los gobiernos, tanto estatal como autonómicos.

Por eso precisamente no ha existido aún una legislatura en nuestra democracia en la que se haya modernizado verdaderamente, como sí las ha habido claramente para la educación o la sanidad, entre otros servicios públicos que, con la Constitución, nuestros poderes públicos se han afanado en crear y consolidar.

Las iniciativas de cambio impulsadas hasta la fecha no han gozado de suficiente voluntad política por falta de visión de Estado o de mero sentido institucional, incluidos los vaivenes del cortoplacismo. Así las cosas, nadie termina de implementar las soluciones proyectadas, aunque sea patente para todos que requiere de modo urgente una reorganización que la haga más rápida y efectiva, así como mayores recursos materiales y personales.

Por si fuera poco, en 2019 llegó la pandemia. La Justicia no fue solo la administración más paralizada, sino una de las que más ha tardado en recuperar la normalidad. Hace solo unos días, compañeros de Madrid denunciaban que un juzgado de lo Social continúa exigiendo cita previa para atender a los abogados personados en causas tres años después de que finalizase el confinamiento de 2020. Algo impensable en cualquier otro servicio público.

Todavía no habíamos recuperado la plena normalidad cuando irrumpe la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, congelando nuevamente la actividad durante meses.

De nada han servido durante estos últimos años las llamadas de auxilio ante la precariedad del 'paciente'. De nada las continuas peticiones de responsabilidad a unos y otros. Las alertas persistentes y contundentes han caído en saco roto. Con este panorama, España arranca su presidencia europea con una Justicia que podría considerarse al borde de la quiebra técnica.

La Justicia vive uno de sus peores momentos del periodo democrático, sin implantar las medidas de transformación proyectadas en las conferencias sectoriales de Justicia, ni los proyectos de ley que en estas se habían consensuado y que ya habían llegado al Congreso de los Diputados.

Por eso, mañana 28 de junio, el Colegio de la Abogacía de Bizkaia junto al resto de Colegios de la Abogacía de toda España hemos convocado a nuestros compañeros y compañeras para concentrarnos ante el Palacio de Justicia de Bilbao, para pedir la decidida implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución a la paralización de la Justicia. Exigimos su urgente e inmediata reactivación, por el bien del país y de la ciudadanía.

La situación es insostenible.

Y por eso mismo, también exigimos a los partidos que concurren a las elecciones que hagan de la Justicia una prioridad, para que la XV Legislatura sea por fin la legislatura de la Justicia.

A unos y otros va dirigido el lema de la protesta: 'La Justicia es una cuestión de Estado'.Demostremos que creemos en ello antes de que sea demasiado tarde.