Aragonès o la prórroga del proceso soberanista

Tras una legislatura caracterizada por los constantes choques entre ambos socios de Gobierno, el actual pacto se explica por el imperativo de evitar la repetición de los comicios que pondrían en peligro la actual mayoría absoluta de las tres formaciones independentistas, así como por el temor de Junts a que ERC ampliarse su actual ventaja de un escaño y 35.605 votos. Además, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) amenazó con retirar el apoyo a ambas formaciones si no llegaban a un acuerdo.

Estas circunstancias han propiciado que el sector mayoritario de Junts, afín a Puigdemont, renunciara a forzar la repetición electoral e intentar romper la escueta mayoría de ERC. No obstante, el hecho de que dos pesos pesados de Junts como Elsa Artadi y Josep Rius, de la máxima confianza de Puigdemont, hayan renunciado a ingresar en el Ejecutivo expresa su nulo entusiasmo por la reedición del Gobierno de coalición.

Entre ambos socios existen profundas discrepancias. En el eje nacional, ERC apuesta por la mesa de diálogo con el Gobierno español, mientras que Junts -al igual que la CUP- propugna continuar con la confrontación con el Estado. Además, Junts pretendía que la estrategia del movimiento independentista estuviese dirigida por el Consell per la República, organismo privado liderado con mano de hierro por Puigdemont, otorgando a Aragonès el papel de mero gestor de las instituciones de autogobierno. Una condición inaceptable para ERC que se ha resuelto con el compromiso de reformular las atribuciones del Consell per la República.

En el acuerdo entre ERC y CUP, que precedió la negociación con Junts, la formación de la izquierda independentista impuso la condición de limitar a dos años la duración de la mesa de diálogo, tras los cuales Aragonès se sometería a una cuestión de confianza que puede marcar el fin de la legislatura. Una mesa abocada a un previsible fracaso, dado que las condiciones de ERC -amnistía y autodeterminación- son inaceptables para el Ejecutivo español, sin que se sepa cuál será la respuesta del movimiento secesionista ante el fiasco, excepto que ERC pagará todas las facturas.

En el eje social, las elecciones del 14-F arrojaron una amplia mayoría de izquierdas y la posibilidad de formar un Ejecutivo tripartito PSC, ERC y Comunes. Una opción imposible por los vetos cruzados entre PSC y ERC, ya que el eje dominante de la política catalana continúa determinado por la cuestión de la independencia. De hecho, una de las consecuencias más notables del proceso soberanista ha sido que Convergència y sus diversas marcas han retenido el poder en Cataluña. Incluso ahora, cuando existe una amplia mayoría de izquierdas en el Parlament. Por otro lado, la designación de Jaume Giró, ex alto ejecutivo de CaixaBank, revela la intención de la derecha independentista no solo de controlar las finanzas de la Generalitat, sino de boicotear el giro a la izquierda del movimiento independentista, suscrito en los acuerdos entre ERC y CUP y del cual hizo gala Aragonès en su discurso de investidura.

Junts busca desde dentro del Gobierno provocar el desgaste y descrédito de ERC, tanto en el eje nacional como en el social, para volver a detentar la hegemonía del movimiento independentista tras una legislatura que se prevé de corta duración.

El fracaso de la vía unilateral, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el encarcelamiento y huida de los líderes secesionistas, marcó el final objetivo del proceso soberanista. Sin embargo, subjetivamente, sus bases sociales continúan ancladas en esta perspectiva.

Esta legislatura podría señalar los últimos estertores del 'procesismo'. Uno de los factores esenciales de éste ha sido la unidad entre las fuerzas secesionistas más allá de sus diferencias en el eje social. Ahora, esta unidad podría saltar en mil pedazos por las discrepancias tanto en su visión nacional como en la social. En sentido contrario, mientras las formaciones independentistas continúen teniendo el control de las instituciones de autogobierno y en particular de los medios de comunicación públicos de la Generalitat, no podrá afirmarse el fin del proceso soberanista, al menos desde el punto de vista subjetivo.

Ciertamente, Aragonès, a diferencia de Quim Torra, no será el president vicario de Puigdemont, pero no podrá evitar que éste le dispute la dirección simbólica del independentismo y que le pase todas las facturas tras el previsible fracaso de la mesa de diálogo. Tampoco podrá disponer del control de los fondos europeos, que constituía una de las principales bazas de su presidencia. En cualquier caso, el flamante Ejecutivo otorga una prórroga, acaso la última, al proceso soberanista.