Sombras en la OPE

Decenas de miles de personas participan desde el viernes en los ejercicios más masivos de la polémica OPE de Osakidetza. La paralización de cuatro de las pruebas realizadas hasta ahora por un presunto fraude, las sospechas que se ciernen sobre otras y la investigación abierta por la Fiscalía para determinar la posible existencia de delitos otorgan a este proceso todo menos la apariencia de normalidad que se empeña en ofrecer el Servicio Vasco de Salud. Como si las suspensiones cautelares que se ha visto obligado a decretar hasta ahora tras un cúmulo de torpezas y rectificaciones fueran, por escasas, todo un éxito. O un motivo de orgullo, y no de legítima inquietud para los opositores y el conjunto de los ciudadanos. Una sola habría bastado para activar todas las alarmas. Los serios indicios de filtración de exámenes se han concentrado en la selección de médicos especialistas. Pero su sombra planeará de forma inevitable sobre las demás pruebas, sin que los aspirantes a una plaza de celador o auxiliar administrativo tengan a priori más certezas reales de justicia que las que en su día albergaron quienes acudieron a las de Cardiología o Cirujía Plástica sin saber que los puestos estaban previamente adjudicados.

Una vez quebrada, la confianza es un sentimiento difícil de recomponer. La contratación por parte de Osakidetza, tras estallar el escándalo, de una auditor externo para que revise los ejercicios de los más de 96.000 inscritos en la OPE constituye una garantía que sería absurdo despreciar. Pero también es una aceptación implícita de los fallos de raíz cometidos en la organización del proceso. Acierta el Servicio Vasco de Salud al extremar las cautelas, aunque hasta ahora haya parecido más interesado en acotar al máximo el problema y repartir culpas de puertas afuera de su dirección que en aclarar cómo ha sido posible lo que tiene toda la apariencia de ser una chapuza. Si se confirmara el fraude, el Gobierno vasco debería depurar responsabilidades políticas, al margen de las penales que determinen los tribunales. Osakidetza, la primera empresa de Euskadi y un pilar básico del sistema de bienestar, ha de ofrecer plenas garantías de que selecciona a su personal sin favoritismos de ningún tipo y con escrupuloso respeto a la ley. La avalancha de OPE prevista para los próximos meses, en una coyuntura en la que el sector público abandera un bien tan escaso como la creación de empleo estable y de calidad, pone el foco sobre esta exigencia que es a la vez un derecho que asiste a todos los opositores y una obligación ineludible de quienes gestionan los impuestos de los ciudadanos.