Soluciones ya

Que urgen cambios porque Euskadi tiene un creciente problema de seguridad no es una opinión política, sino la única conclusión racional a la lectura detallada de las estadísticas. Esas estadísticas llevan meses evidenciando que la criminalidad campa a sus anchas en muchos lugares del País Vasco. Como muestra, Bizkaia. Los datos recabados por el Ministerio del Interior desvelan que entre enero de 2017 y diciembre de 2018 -los últimos años completos- los delitos contra la libertad sexual en Bilbao aumentaron en un 14%, en Barakaldo un 33%, en Santurtzi un 109%, en Basauri un 120% y en Leioa un 125%.

Del mismo modo, los números apuntaron que entre un año y otro los robos con fuerza en la capital vizcaína se incrementaron un 21,4%. Los hurtos, un 18%. El tráfico de drogas, un 18,9%. También que durante el último año todos los municipios vizcaínos que superan los 30 mil habitantes sufrieron un incremento considerable de robos con fuerza en domicilios. En Bilbao aumentaron un 21%. En Santurtzi, un 50%. En, Getxo un 77%. Y en Leioa, un 120%.

Hace escasos días el Ministerio del Interior publicó un nuevo informe en el que aseguró que la criminalidad en el País Vasco durante el primer trimestre de este presente año 2019 aumentó un 7,8% con respecto al mismo periodo de 2018. Fueron muchas las voces que dentro de Euskadi se hicieron eco de ese dato. No obstante, lo que no ha calado todavía en la sociedad vasca es que aquí las infracciones penales ya crecen a un ritmo mayor que en diferentes comunidades autónomas como Madrid (5,6%), Cataluña (6,5%), La Rioja (6,5%), Cantabria (6,1%), Extremadura (4,6%), Castilla La Mancha (4,3%), Castilla y León (4,2%), Navarra (3,8%), Andalucía (2,8%), Canarias (2,1%) o la Comunidad Valenciana (1,7%).

Si los datos del conjunto de Euskadi están alcanzando índices de crecimiento preocupantes, los de lugares como Bizkaia son peores aún. En el territorio vizcaíno los delitos penales sufrieron un incremento del 8,6%, lo que supone estar tres décimas por encima de Gipuzkoa y a cinco puntos de distancia de Álava. A este respecto, llama poderosamente la atención que mientras en grandes ciudades como Madrid o Barcelona la tasa de infracciones penales en el primer trimestre del año creció un 5,6% y un 12,2%, respectivamente, en Bilbao subió un 8,3%, en Portugalete un 17,4%, en Getxo un 27,7% y en Leioa un 32,3%.

Buena parte de la motivación de este incremento de los delitos en nuestros municipios reside en cuestiones como que en Barakaldo los robos con violencia han aumentado un 96,4%, o que los robos en domicilios han subido un 34%. También que en Gexto los delitos de lesiones han crecido un 83,3%, los delitos contra la libertad sexual un 50% o los robos con fuerza en domicilios un 42,1%. Mención aparte merecen los robos con fuerza en domicilios de la localidad de Leioa, que han experimentado un incremento del 188,9%.

Las declaraciones buenistas de responsables de ayuntamientos, diputaciones o del Gobierno vasco tras la consumación de delitos penales, así como la delegación sistemática de sus responsabilidades en el estamento judicial, no debe ser la herramienta central con la que frenar el preocupante incremento de la criminalidad en Euskadi. Los datos no son simples porcentajes, son familias enteras preocupadas. Madres, padres, hijas e hijos preocupados. Y está en nuestra mano, en la de quienes nos dedicamos a la política, ejercer de altavoz de los hijos, hijas, madres y padres que siguen esperando respuestas que vayan más allá de la promesa del alcalde de Bilbao de investigar por qué aumentan los delitos. Que vayan más allá de un pronunciamiento de la alcaldesa peneuvista de Barakaldo que endose a jueces y fiscales toda labor de prevención del crimen. Que vayan más allá de que el diputado general de Bizkaia muestre su preocupación por episodios de violencia en nuestras calles. Que van más allá de la decisión del Ejecutivo autonómico de aparcar coches vacíos de la Ertzaintza en nuestros municipios para disuadir a los delincuentes.

Urgen soluciones a un problema que poco tiene que ver con una sucesión de hechos aislados encadenados entre sí y que guarda mucha relación con la desconexión existente entre agentes políticos y quienes sufren en sus carnes el aprieto y llevan meses reclamando implicación: ciudadanía y miembros de las fuerzas de seguridad. Urge que las instituciones autonómicas, forales y locales empiecen a trabajar en solventar un déficit estructural en las políticas publicas de seguridad que tiene como principal consecuencia el incremento de la criminalidad. Urgen soluciones, no meras declaraciones.