Sobre el modelo de gestión de alarma

En virtud del decreto de declaración del estado de alarma (14/3/2020), el Gobierno central se constituye en la autoridad competente para la adopción de todas las decisiones a los efectos de esta situación excepcional. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania donde a los länder se les reconoce competencia para declarar en sus territorios los estados de emergencia, siendo el gobierno del estado federado, la autoridad competente. La diferencia es relevante, pues el modelo alemán obliga de hecho a que en una situación de emergencia generalizada la gestión de la alarma se realice necesariamente conforme a criterios basados en la coordinación, la cooperación y la codecisión entre gobiernos. A medida que la situación de riesgo se iba agravando, el modelo alemán ha ido evolucionando hacia un mayor reforzamiento del protagonismo del Gobierno federal, mediante la modificación de la Ley de Protección contra las Infecciones, para proponer directrices y medidas, que una vez negociados con los 'länders', éstos los aplican en su ámbito territorial. Un modelo ilustrativo de cómo se construye la «unidad de decisión» en un estado compuesto, donde frente a la perspectiva única se opta por la diversidad de perspectivas a la hora de decidir.

El modelo de gestión de la alarma que se ha dado en España es sustancialmente distinto, donde la «unidad de decisión» entre el Gobierno central y las CCAA prácticamente no ha existido, salvo que se entienda la unidad como pura adhesión formal. El estado de alarma se configura, tal y como está diseñado, como una figura jurídica para el reforzamiento de los poderes centrales, relegando a las CCAA a un papel subordinado aunque las decisiones les afecten en sus competencias. Este modelo de estado de alarma se corresponde más a un estado centralizado, tipo Francia, que a uno compuesto, como es el español. Es preciso evolucionar en lo que resta de «alarma» a una gestión distinta, acercándose a ese modelo alemán de simbiosis entre gobiernos en la toma de decisiones y responsabilidad directa en su aplicación. Ahora que al parecer vamos a entrar en una nueva fase, es preciso acordar las decisiones, las que son susceptibles de territorialización, simétrica o asimétrica, y las que no lo son, de compartirlas antes de adoptarlas, para que los gobiernos autónomos las apliquen adecuándolas a su situación. No hay unidad de decisión, si no hay posibilidad real de compartir las decisiones.