El Senado contra el Estatuto

Pleno ordinario parlamento vasco. Vitoria./Blanca Castillo
Pleno ordinario parlamento vasco. Vitoria. / Blanca Castillo
Xabier Gurrutxaga
XABIER GURRUTXAGA

La moción aprobada el miércoles por el Senado a instancias del PP y con el respaldo de Ciudadanos, Foro Asturias y UPN, en la que se insta al Gobierno a no aceptar el catálogo de transferencias pactado con el Ejecutivo vasco, representa un hecho gravísimo, pues significa lisa y llanamente un requerimiento desde el Senado para que se incumpla el Estatuto de Gernika, mutilándolo en materia de competencias, no por imperativo legal sino por algo tan democrático y tan constitucional como es la aplicación del 'ordeno y mando'; porque no hay manera legal para obligar a las instituciones centrales a cumplir las previsiones estatutarias.

La lista de las transferencias pendientes después de casi 40 años desde la aprobación del Estatuto en 1979 corrobora precisamente la afirmación anterior. No hay instancia judicial o constitucional, tampoco arbitral, a la que pueda acudir el Gobierno vasco para solicitar la tutela judicial respecto al cumplimiento del autogobierno y particularmente del deber del Gobierno central de proceder a la transferencia de las materias detalladas en el Estatuto. Puede haber discusiones sobre el contenido de la competencia o sobre resoluciones del Gobierno que afecten a una transferencia que se vehiculan, estas últimas, a través de los correspondientes conflictos positivos de competencia. Siempre depende de la voluntad política del Gobierno de turno. Así ha sido hasta ahora en estas cuatro décadas, donde salvo los primeros años en los que se actuó, con dificultades y limitaciones pero con suficiente lealtad a la letra y al espíritu del pacto estatutario, el cumplimiento de la carta de autogobierno se ha convertido en pura mercadería sujeta a contraprestación política en Madrid.

La moción desde el punto de vista material es intencionadamente contraria al Estatuto y a la Constitución. Los promotores saben que rechazar el cumplimiento de las previsiones estatutarias es instar a que desde del propio Estado se incumpla dolosamente la ley. Pero también saben que esa actitud de desobediencia al cumplimiento de la ley, en este caso, no tiene consecuencia ni sanción penal. Los argumentos expuestos en defensa de la moción producen realmente escalofríos, pues para la ponente acceder a las transferencias previstas en el Estatuto se considera que es 'vender España' o este otro argumento, propio de un defensor del modelo unitario y centralista del Estado, que entiende que «cada vez que se aumentan las competencias a una comunidad autónoma se rompe la igualdad de los españoles». Está claro que para los defensores de la moción la 'igualdad de los españoles' o la 'igualdad de oportunidades' solo se garantizan desde un Estado sin autonomías. Pero lo más grave de esta nueva aventura que nos propone la derecha es que no les interesa España ni la situación en la que viven los ciudadanos. Se instrumentaliza todo con una pretensión exclusivamente electoralista. Todo vale, incluido requerir e instar a las instituciones del Estado para que no se cumpla la ley.

Decía el rey Felipe VI, el mismo miércoles que en el Senado se aprobaba esta moción de incumplimiento, en la clausura del Congreso Mundial del Derecho, pero como si estuviera en en la Sala del Supremo donde se enjuicia el 'procés', pero sin estar, cuya testifical se rechazó, que «no es admisible apelar a una supuesta democracia sin respetar la ley». Es una reflexión interesante, en cuya profundización se podría encontrar una solución para que lo que se presenta como un dilema entre democracia y legalidad, se transforme en un binomio inseparable entre democracia y legalidad. Me pregunto. ¿Podría Felipe VI compartir la siguiente afirmación? «No es admisible apelar a la unidad de España sin respetar la ley».