Grave despropósito

Pedro Sánchez intentó ayer justificar una promesa desafortunada en el debate del lunes -«traer a Carles Puigdemont a España»- mediante una declaración imperdonable para quien ... encarna uno de los tres poderes del Estado. El presidente en funciones insinuó que la Fiscalía depende del Gobierno y que este se encuentra detrás de todas las acciones para conseguir su extradición del prófugo por parte de las Justicia belga. Cuando quiso rectificar con la tardía y poco consistente explicación de que en realidad quería mostrar su apoyo al Ministerio Público, el daño estaba hec ho. Cabría pensar que sus palabras del lunes y de ayer a la mañana obedecieron a un desliz inercial. Pero lo ocurrido invita a interpretar la literalidad de sus frases como expresión de una presunción deliberada: la réplica a acusaciones de pasividad ante posibles vulneraciones de la legalidad en Cataluña. Los pronunciamientos de Sánchez tergiversaron el funcionamiento real de nuestro Estado de Derecho, como ayer denunciaron las tres asociaciones representativas de los fiscales. Ni el Gobierno puede «traer a Puigdemont» ni la jactancia de supervisar a la Fiscalía tiene cabida en la Constitución. Que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de nombrar al fiscal general en ningún caso significa que pueda instruir a su titular; mucho menos, para ordenar la adopción de tal o cual iniciativa en concreto.