¿Existe todavía el Estado español?

Hasta ahí, uno tenía relativamente claro que eso de los derechos fundamentales, incluido el de libre circulación, sólo los podía limitar o suspender con carácter general (las situaciones individualizadas van aparte) el Gobierno de la nación y con sujeción a un procedimiento formal tasado y controlado por el Congreso. Para eso eran derechos fundamentales, vamos.

Pues bien, confieso ahora mi equivocación. Acabo de enterarme, a través de la seca y tajante realidad, de que el lehendakari puede ordenar el confinamiento de la población de acuerdo con la Ley vasca de Emergencias. O lo que es lo mismo, suspender el derecho fundamental de los ciudadanos vascos o no vascos a circular libremente por la calle. Y que la Generalitat catalana puede hacer lo mismo, igual que la autoridad regional alicantina. Vamos, que me temo que hasta el alcalde de mi pueblo puede suspender los derechos fundamentales de los que pasen por su territorio. Sorprendente. ¿Para eso se hizo una Constitución y se declararon derechos fundamentales? ¿Para dejarlos a la disposición de cualquier autoridad?

Pero mi asombro no cesa aquí. Porque escucho que, siguiendo las estelas de la Lehendakaritza y de la Generalitat, el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia que hoy va a declarar el estado de alarma. Como la cosa no es urgente, lo hará hoy, y entonces fijará las medidas concretas que va a contener ese estado, entre ellas las posibles limitaciones de derechos.

Con lo cual, si no me equivoco, tenemos un precioso conflicto de leyes, autoridades, competencias, Estados de todo nombre y condición, y demás zarandajas. ¿Qué autoridad es la que determinará las limitaciones de mis derechos, sobre todo el de circulación? ¿Cuál tiene más mando? ¿Está la Constitución española a la disposición de todas y cada una de las autoridades territoriales? ¿A quién ha de obedecerse? La ley nacional dice claramente que la autoridad suprema del estado de alarma es el Gobierno si la crisis afecta a toda la nación. Pero Urkullu ha dicho que la única autoridad es él mismo. ¡Fastuoso!

Manuel Azaña escribió con amargura y lucidez en sus cuadernos de guerra que España siempre ha mostrado un comportamiento típico a la hora de responder a las graves crisis de autoridad: el de fragmentarse en sus regiones, cada una intentando asumir ella sola el poder que hasta entonces era del conjunto. Lo hizo en 1812 y en 1936. No parece sino que, una vez más, somos fieles al estereotipo. Claro está que no tendría por qué haberse dado crisis nacional de autoridad si el titular de esa autoridad, el Gobierno central, hubiera hecho uso de sus poderes con razonable prontitud. Pero su dejadez y pereza ha abierto el resquicio por el que se le ha colado la puja retadora de los territorios. A ver cómo lo cierra ahora si quiere restaurar el principio de que en España hay un Estado. Uno solo.

Porque al final, esa es la cuestión. Al ciudadano de a pie le importa más su salud que el ejercicio de las competencias, como es lógico, pero al Estado y sus ciudadanos les va en el envite más que la salud. Les va parte de su futuro. La puja nacionalista es la de hacer invisible al Estado en su territorio, donde sólo uno, y nada más que uno, sería el gobierno legítimo y eficaz. Ellos. No verlo así y no reaccionar a tiempo, por desagradable que sea la necesaria reacción, lleva a la desaparición del Estado como autoridad real en amplias partes del territorio. Cuando acabe la crisis, si estamos todavía para verlo, lo veremos.