Europa frente a la inmigración
Hay que fijar una política común para regular este movimiento descontrolado, ofrecer a los que llegan mejores condiciones de vida y no permitir que se rompan las costuras de la UE
Albert Camus escribió que en el apego de un hombre a su vida hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. No ... me cabe duda de que esta inclinación del ser humano, no sólo por conservar la vida, sino por mejorar las condiciones de la misma, ha sido el legítimo motor de todas las migraciones humanas.
El mundo vive un momento turbulento. Asistimos a decenas de guerras, hambrunas y procesos de desertización que solo en 2017 obligaron a 68,5 millones de personas a abandonar sus hogares, según ACNUR. La mayoría de esos desplazamientos son internos o entre países vecinos. El 85% de esas personas vive en países en desarrollo, aunque en Europa podamos tener la impresión de que somos nosotros quienes vivimos en una fortaleza asediada. Las razones de esta percepción son múltiples. Por un lado, el inesperado y masivo éxodo tras la guerra de Siria, cuando la llegada de millones de personas rebasó los medios de acogida europeos; por otro, el natural contraste cultural entre las sociedades de acogida y las de salida; y, por último, el impacto que provocan en la conciencia europea sucesos tan dramáticos como la muerte de miles de personas en el Mediterráneo.
Para regular este movimiento descontrolado, ofrecer condiciones de vida más humanas a los inmigrantes y no permitir que las distintas posiciones políticas ante el fenómeno rompan las costuras de una Unión Europea donde conviven sensibilidades y circunstancias nacionales muy diversas, debemos fijar una política común en inmigración de toda la UE.
Hasta ahora hemos asistido a soluciones parciales que, por lo general, repercuten en los países que conforman las fronteras exteriores de la UE. Primero fue Grecia la que sufrió los efectos de la ruta migratoria por el Mediterráneo Oriental. Vía que se cerró tras el acuerdo entre la UE y Turquía para que este país acogiese a los refugiados de la guerra de Siria. En respuesta, las mafias se centraron en la vía del Mediterráneo Central hasta las costas de Italia, que la Unión Europea frenó tras un acuerdo con Libia.
Por último, desde 2013, y especialmente desde 2016, el tráfico de inmigrantes se fue dirigiendo hacia el Mediterráneo Occidental, sobre todo a España, donde este año han llegado 55.949 personas.
Estos países de tránsito sufren también la presión migratoria y requieren el apoyo económico y logístico de la UE. España apuesta por esa colaboración, que no debe limitarse a la contención de los flujos migratorios, sino que tiene que extenderse a un proyecto integral de cooperación con África. Nuestro objetivo final es terminar con el llamado 'efecto huida', para que el continente vecino alcance unas cuotas de bienestar suficientes para convencer a sus jóvenes de que su futuro está allí, y no jugándose la vida en un peligroso viaje a través del Mediterráneo, a merced de mafias sin escrúpulos.
La regulación de la inmigración es un asunto prioritario, por razones humanitarias y también de seguridad interior. Es una evidencia que los inmigrantes realizan una aportación positiva a nuestro Estado de bienestar. Tenemos dos millones de inmigrantes cotizando en nuestra Seguridad Social, dos de cada cinco nuevos autónomos en España proceden de un país extranjero, e instituciones como el FMI aseguran que necesitaremos 5 millones de personas más en 2050 para mantener nuestra sanidad y nuestras pensiones. Pero creemos en una inmigración ordenada, que nuestra sociedad pueda absorber sin conflictos, que respete los cauces establecidos, en la que las mafias no se lucren traficando con el destino de las personas y no pongan en peligro nuestras fronteras ni a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que las defienden.
Por eso, desde el Gobierno socialista entendemos que es prioritario abordar la inmigración desde un pacto de Estado en el que los intereses nacionales se antepongan a la disputa partidista. Necesitamos una planificación a medio y largo plazo, escapar de la inmediatez y destinar los recursos necesarios tanto a la atención de los recién llegados como a seguridad y a las políticas de cooperación necesarias para frenar las salidas de los países de origen y tránsito de la inmigración.
Especialmente ahora, cuando los fantasmas de los populismos y los extremismos vuelven no ya a sobrevolar, sino a instalarse en Europa, necesitamos un compromiso de lealtad institucional que nos asegure que el drama de la inmigración no se convertirá en una oportunidad para quienes buscan obtener beneficios promoviendo el odio. Sabemos que el miedo es un combustible potente, y que nunca faltan quienes quieren ganar influencia manipulando el lógico temor de las sociedades a que sus pilares se resientan por la falta de control.
Como ministro del Interior, debo trabajar para garantizar que ese control es posible. Con la excelente labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a la acción de todo el Gobierno y el sustento del conjunto de la sociedad –desde los partidos políticos a las organizaciones no gubernamentales–, hemos de seguir trabajando para asegurar una inmigración ordenada.
La salud de nuestro debate político depende de ello. Nuestros principios democráticos y humanitarios dependen de ello. Miles de vidas dependen de ello. Estoy seguro de que tales objetivos bien valen el esfuerzo y el compromiso.
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