Si algo cabe concluir de la polémica que siguió a la sentencia que el 14 de julio declaró inconstitucional el confinamiento del primer estado de ... alarma es un claro reproche a la clase política. Los ponentes de la Carta Magna no previeron una exigencia como la que plantea la pandemia desde hace un año y medio. Y la imposibilidad ahora de los partidos para acordar una legislación a la altura del desafío ha propiciado la controvertida decisión del Constitucional y una consecuencia llamativa: la anulación en Euskadi de 14.400 de las 22.900 multas impuestas por saltarse la restricción de movilidad. No le resulta incómodo al Departamento vasco de Seguridad aferrarse al propio texto del Alto Tribunal que prohíbe devolver las cantidades abonadas por pronto pago o sobre las que ya pesa resolución firme. Aunque deba reconocer el «agravio comparativo» que sufren estos infractores frente a la mayoría a la que una tramitación no precisamente vertiginosa libra de la sanción, cuando el comportamiento de ambos colectivos fue igualmente censurable. Los agentes que se esforzaron en duras condiciones sanitarias por hacer cumplir la ley comparten la incomprensión generalizada.
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