La posibilidad de implantar un salario mínimo de convenio en Euskadi sigue en fase de atasco por las discrepancias entre los sindicatos y la patronal. ... El rechazo reiterado ayer por Confebask a un SMI propio si no se vincula a la competitividad o al absentismo laboral revela el complejo camino que los agentes sociales tienen aún por delante, si quieren sacar la medida con el máximo consenso posible. No se puede concebir de otro modo. Se trata de una conquista social con capacidad para mejorar las condiciones de vida de miles de vascos al suponer un avance en derechos y retribuciones. Por el alcance de ese compromiso, el proyecto lanzado por el Gobierno vasco para su negociación necesita de un pacto amplio que garantice su estabilidad y razón de ser: dotar de seguridad jurídica a los sueldos más modestos.
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Ese es el reto que espera a las tres partes, con independencia de que el diálogo se articule en un foro tripartito como propone la confederación que lidera Tamara Yagüe o en el Consejo Vasco de Relaciones Laborales que defiende el sindicalismo. De momento, tiene la virtud de haber unido a todas las centrales sindicales vascas tras años de división, en una unidad de acción para un desafío compartido concreto que no se daba desde el blindaje de los convenios.
El Salario Mínimo Interprofesional planteado por el vicelehendakari Mikel Torres es de mayor cuantía que el promovido por Yolanda Díaz en el conjunto de España. En Euskadi, la horquilla oscila entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas. El reto es adaptarlo a las condiciones del País Vasco, con un coste de la vida superior a la media nacional y una economía pujante, pese a las amenazas internacionales. El turismo tira de un crecimiento económico -aumenta un 2,2% en el segundo trimestre del año- que ha sumado 18.900 empleos hasta alcanzar un nuevo récord con más de un millón de cotizantes. Las haciendas vascas lo reflejan con 626 millones más recaudados.
Pero las buenas cifras macro no deben solapar la realidad de los bajos salarios. Euskadi cuenta con 200.000 personas que cobran menos de 1.315 euros, casi el tope que marca el SMI. Es un colectivo vulnerable. La progresiva subida del salario mínimo en Euskadi hasta los 1.134 actuales ha afectado a las empleadas del hogar. El encarecimiento del coste de contratación ha destruido empleo en el sector -2.300 cotizantes menos en los últimos siete años- y ha devuelto a muchas trabajadoras a la economía sumergida.
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