El Ministerio de Vivienda avanzó ayer las medidas con las que se propone regular los alquileres de temporada y así también los alojamientos turísticos. Un ... aspecto que no contempló la legislación aprobada tan solo hace dos meses. El Gobierno modificará con urgencia -según Isabel Rodríguez, antes de que finalice el verano- la Ley de Arrendamientos Urbanos y la de Propiedad Horizontal mediante real decreto, para instaurar la obligación de que los demandantes de una vivienda en régimen de alquiler durante menos de 12 meses deban justificar la causa de la temporalidad, «igual que se nos puede requerir nuestra nómina». Se establecerá un registro al que podrán acceder todas las administraciones concernidas, que integre también el arrendamiento de habitaciones. Y precisará, además, el modo en que las comunidades de propietarios autorizarán previamente la dedicación de un determinado piso a uso turístico, dado que se trata de una actividad económica.
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La ministra recordó que los alquileres de temporada y los inmuebles para estancias vacacionales están tensionando el mercado al generar un alza de precios. Una evidencia indiscutible, pero que necesita de un abordaje legal cuidadoso, lo más alejado posible de las meras consignas. Parece razonable que las comunidades de propietarios puedan vetar el uso turístico de las viviendas que las integran. Pero el ejercicio pautado de ese derecho inducirá, con toda seguridad, efectos que no siempre serán propicios al interés común, a la evolución del entorno urbano y al conjunto de la economía. Y sin perder de vista que su fuerza disuasoria bien podría estimular la adquisición completa de edificios residenciales para darles la utilidad que se pretende acotar.
Es de suponer que el ministerio contempla no solo la prolija casuística que se da en nuestro país, sino que prevé los múltiples escenarios a que puede dar lugar el real decreto en preparación. Pero, además de la imprescindible sintonía que el Gobierno ha de lograr con las autonomías y las administraciones locales más directamente afectadas, no sería buena idea que concibiera las medidas anunciadas ahora como si, ya de entrada, tuviesen que ir contra el sector. Siempre será más prudente y provechoso que trate de conciliar aspiraciones limitando la limitación. Y en cualquier caso, es inexcusable que la normativa fije una metodología solvente de evaluación de sus efectos para su eventual corrección.
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