Convivencia sin exclusiones
Editorial ·
El acoso a un niño en Cataluña por reclamar el 25% de las clases en castellano es un ataque a la libertad y dignidad de las personasel correo
Viernes, 10 de diciembre 2021, 23:58
La denuncia presentada por los padres de un alumno de 5 años de un colegio de Canet de Mar en la que reclaman la aplicación ... de la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña -ratificada ahora por el Supremo- que hace un año estableció que el castellano se imparta en el 25% del horario escolar en esa comunidad ha dado lugar a una sucesión de mensajes y gestos amenazantes y excluyentes hacia esa familia. La providencia en la que el propio tribunal concede diez días al Govern para que apruebe medidas que garanticen el cumplimiento de las resoluciones judiciales y exige a la directora del centro que adopte las «necesarias para preservar la protección y la identidad del menor» establece la línea que ni responsables públicos, ni partidos, ni ciudadanos pueden atravesar. Lo ocurrido no es ajeno a las declaraciones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, cuestionando el principio de legalidad y llamando a defender la inmersión lingüística en la calle.
La presencia del castellano en los distintos ciclos de enseñanza no es solo un derecho judicialmente reconocido al que pueden apelar los padres que lo consideren oportuno. Es un bien cultural y educativo que resulta injusto sustraer a los menores de cualquier comunidad de la España de las autonomías, incluida Cataluña. La inmersión lingüística no es un absoluto unívoco e infalible ni siquiera para que los alumnos lleguen a dominar la lengua que se pretende primar. La conversión de la discrepancia con la resolución judicial en argumento para violentar la convivencia -lo que el consejero Gonzàlez-Cambray se ha permitido achacar al Tribunal Superior y al Supremo- mediante el acoso a una familia y la disuasión hacia todas las que preferirían que sus hijos crezcan en la escuela también en castellano representa un ataque a la dignidad de las personas afectadas, a la libertad de todos los ciudadanos y al discurrir normalizado de la vida en torno a la comunidad educativa. Un ataque que requiere de la actuación de la Fiscalía.
La ministra-portavoz, Isabel Rodríguez, redujo el caso a «un hecho puntual de acoso». Ojalá se quede en eso y la providencia del Tribunal Superior sea la última palabra. Pero es sabido que la presión excluyente tiende a sortear obligaciones legales y convenciones de buena vecindad para persistir en expulsar de la comunidad a quienes desean encontrar su propio hueco en ella.
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