Corrupción socialista

La demoledora sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el 'caso de los ERE' -el escándalo de corrupción de mayor cuantía económica desde el inicio ... de la Transición- deja al desnudo unas formas de proceder que, amparadas en la presunción de impunidad, confunden la gestión de los recursos públicos con la de un cortijo particular. El fallo condena a 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía por prevaricación continuada y malversación de caudales. Entre ellos, a los expresidentes autonómicos y del PSOE José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Al primero, a seis años de cárcel y quince de inhabilitación. Al segundo, a nueve de inhabilitación. Además, impone penas de prisión a cuatro exconsejeros y a otros tantos subordinados. El tribunal asume en buena medida el relato de la Fiscalía al considerar probada la creación de un mecanismo para conceder de forma arbitraria ayudas a empresas en crisis sin control alguno y con plena consciencia de su «palmaria y patente ilegalidad». De los 680 millones gastados en ese concepto entre 2000 y 2009 se beneficiaron decenas de compañías -entre ellas, varias de la órbita socialista-, sus trabajadores y personas vinculadas al PSOE sin relación alguna con ellas. Una red clientelar de ese tipo solo es posible cuando la perpetuación de un partido en el poder y su influencia social acaban por resquebrajar los mecanismos de vigilancia que debieran garantizar un uso responsable del dinero público. La sentencia, recurrible ante el Supremo, vuelve a situar en el foco la corrupción, uno de los factores que más contribuye al desprestigio de las instituciones y que más alienta, por tanto, los populismos extremistas. Poco ayudan a combatirlos la exasperante lentitud de la Justicia y las dos varas de medir que, sin el menor escrúpulo, utilizan las fuerzas políticas ante escándalos de este tipo en función de que hayan surgido en sus filas o en las del rival, y que ayer volvieron a quedar de manifiesto. El hecho de que en este caso se trate de una corrupción de reparto, y no de un enriquecimiento personal ilícito o de una financiación ilegal, puede rebajar el reproche social, pero no reduce la gravedad de los hechos, como pretende el PSOE, que se esforzó inútilmente en desentenderse del caso como si no fuera con él. Pedro Sánchez no puede obviar que llegó a La Moncloa a lomos de una sentencia sobre la pestilente corrupción del PP ni eludir todo atisbo de autocrítica tras un varapalo judicial que quizás no sea determinante en la suerte de su investidura, pero que desde luego en nada la beneficia.