

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Es la nueva, aunque no será la última, extravagancia del sanchismo: cargarse la acusación popular que contempla el artículo 125 de nuestra Constitución con esa proposición de ley orgánica del PSOE que es un artefacto leguleyo-explosivo diseñado para saltarse todos los controles democráticos -el ... del Consejo General del Poder Judicial, el del Consejo de Estado, el del Consejo Fiscal…- y para hacer efectivo el bodrio populista del 'lawfare' que figuraba en el acuerdo firmado por el PSOE y Junts en Bruselas el 9 de noviembre de 2023, para eliminar las trabas a la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23-J. En aquellas fechas, Santos Cerdán circunscribió de manera bien explícita el uso de ese instrumento antidemocrático a los casos relacionados directamente con el procés, lo cual ya era por sí mismo escandaloso.
Pero el hecho de que ahora se pretenda extender su aplicación a las instrucciones judiciales abiertas contra los miembros investigados de la familia del presidente del Gobierno y contra su círculo más cercano de colaboradores demuestra hasta qué punto una grieta que se abre en el sistema por frívola y pura irresponsabilidad, por creatividad ignorante y temeraria, o por infame interés en beneficiar a unos encausados concretos, puede tener unas consecuencias imprevisibles, dar lugar a una multiplicación logarítmica de la impunidad y convertirse en un coladero de beneficiarios. El 'lawfarear' y el rascar todo es empezar.
Pasó con 'la ley del solo sí es sí' de Irene Montero, que amparó a cientos de abusadores sexuales, y ha pasado ahora con el irregular informe que ha emitido la Agencia Tributaria, sin firma ni sellos oficiales, para justificar todos los desmanes fiscales de David Sánchez y al que ya se están agarrando un buen número de asesores fiscales con el objetivo legítimo de proteger de las inspecciones de Hacienda a los clientes que tienen en unas situaciones similares. Y es que, en la teoría y en la praxis de la Justicia, no se legisla para una sola persona, ni se aplican las leyes a una sola familia. Lo que vale para uno, debe valer para todos.
El PP ha bautizado como 'Ley Begoña' a esa iniciativa legislativa que anula las acusaciones populares. Los estudiantes del año 2050 pensarán que Begoña Gómez era una prestigiosa catedrática de Derecho Penal o Constitucional. Uno prefiere trascender lo anecdótico, la letra negrita, para ir al concepto y llamar a esa ley dictada por la parte encausada 'Ley Boñiga', porque estamos, en efecto, ante un excremento jurídico-vacuno o legislativo-caballar. Uno prefiere tratar ese asunto desde la abstracción, y recordar la definición que hacía Albert Camus del crimen que se justifica: «Juzgado ayer, hoy dicta leyes».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.