La trampa de Bolaños

La doble reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que Félix Bolaños parece tener urgencia en aprobar se presenta como un intento de modernizar el sistema judicial, agilizar el trabajo de los tribunales y reducir el colapso que sufre la administración de justicia. Sin embargo, detrás de esa bienintencionada e inocente retórica de «modernización» y «eficiencia», surgen dudas razonables acerca de si la ley que lleva el nombre de su infatigable promotor no es solo lo que parece: una burda estrategia con la que Pedro Sánchez se propone terminar de controlar, casi contra reloj, un Poder Judicial incómodo para la continuidad de su legislatura, en un momento especialmente crítico por los casos de corrupción que salpican a su partido, a su familia y al Ejecutivo que preside.

De ahí ese empeño de entregar la instrucción penal a los fiscales, cuando es público y notorio que la Fiscalía depende jerárquicamente del gobierno. Lo que otorgaría a este un control total e indebido de las investigaciones de la UCO que se hallan en curso y que podrían acabar incluso siendo archivadas. Por no hablar de los planes para inyectar más de mil profesionales en el sistema, incorporando a jueces y fiscales sustitutos como titulares, sin pasar por las oposiciones que dan acceso a la carrera judicial. Lo que abre (aún más) la puerta al clientelismo y la politización de la Justicia, para un posible blindaje del Gobierno de turno a futuro.

Bolaños argumenta a favor de la reforma que la UE recomienda homologar el ordenamiento jurídico español al de otros países miembro, pero omite que las autoridades comunitarias también han insistido en la necesidad de reforzar la independencia judicial y la separación de poderes en España. Su rápida tramitación y la exclusión de órganos clave como el CGPJ y el Consejo de Estado de las discusiones previas han alertado a jueces, magistrados y fiscales, última barrera de contención del Estado de Derecho, que amenazan con ir a la huelga si la ley no se reconsidera.

Motivos hay para la preocupación. La degradación institucional que ha sufrido el Poder Judicial desde que Sánchez es presidente, con un fiscal general del Estado procesado por un presunto delito de revelación de secretos con fines políticos y un Tribunal Constitucional que ha sido artífice de los indultos a los dirigentes socialistas condenados en el caso de los ERE de Andalucía y garante de la amnistía a los líderes del 'procés' (previa eliminación del delito de sedición y rebaja del de malversación), aconseja evitar que la 'ley Bolaños' salga adelante. España debe aspirar a tener un sistema judicial que esté al servicio de la ley y no de las maniobras políticas ni de la impunidad de este ni de ningún Gobierno.