Un mal chiste

Suena a chiste malo que la directora general de EiTB, Maite Iturbe, achaque a la baja financiación del ente público su pésima cuota de audiencia ... o la imposibilidad de crear una programación de nivel. Lo ha dicho o lo ha sugerido esta misma semana en su comparecencia parlamentaria, donde también volvió a reafirmar que EiTB cumple con creces el objetivo de servicio público al que le obliga un contrato-programa, cuyo contenido le permite recibir 473 millones de euros desde el año 2016 al 2019. Verdaderamente, la única explicación plausible ante semejante chiste es que a la directora general de EiTB no se le haya ocurrido cosa mejor que plantear un combinado sabroso de triunfalismo y victimismo, para que en Ajuria-Enea vayan pensando en aumentar la dotación pública del siguiente contrato que firmarán el ente público y el Gobierno Vasco. Que sepamos, EiTB ya cuesta anualmente cerca de 550 euros a cada vasco y desde luego no cumple ni de lejos un objetivo de servicio público, al menos si entendemos por ello algún fin que incluya unos contenidos informativos plurales e imparciales, unos programas con valores cívicos y democráticos; y una filosofía operativa que contribuya a la transmisión cultural, que impulse de forma eficiente el bilingüismo y que sea consecuente tanto con la eficiencia de la gestión social, como con la de la gestión económica y financiera. Decir que la actual subvención pública no es suficiente para mantener un servicio de calidad y que el bajón de audiencia se explica por la imposibilidad de crear una programación de nivel es esconder o disfrazar por igual una pésima gestión y una incapacidad técnica y política para afrontar la reconversión de un ente público que hace aguas por sus audiencias, por las costuras de su tamaño desproporcionado, por su coste y su justificación o también por su falta de estrategia ante el futuro. Con todo, el problema de este mal chiste no es tanto la increíble justificación o el vano triunfalismo de la directora general de EiTB, sino más bien la penosa inacción del gobierno y del Parlamento Vasco ante un ente gravoso, periclitado e incoherente en su fin público.