Una chapuza monumental

Los denunciantes del fraude en la OPE de Osakidetza han confirmado ante la juez que investiga el caso los datos que obran en su poder ... sobre la presunta existencia de un «sistema clientelar» para la adjudicación 'a dedo' de plazas de médicos especialistas, al margen de las garantías de limpieza que exige la ley en el acceso a la función pública. La instructora toma hoy declaración a los tres jefes de servicio en los que observa indicios de haber cometido sendos delitos de infidelidad en la custodia de documento público y revelación de secretos por la supuesta filtración de exámenes a opositores que trabajaban en sus hospitales y obtuvieron las mejores notas. Los detalles que han trascendido acerca de los sistemas que habrían sido empleados para 'enchufar' a aspirantes afines, en detrimento de los cientos de personas que optaban a unos puestos otorgados de antemano, reflejan una forma de actuar que suma a la chapuza una sensación de impunidad sostenida en el tiempo. A las sospechas de irregularidades que han conducido a la imputación de tres miembros de tribunales de la OPE se añaden posibles elementos de prueba aportados a la juez sobre otras especialidades, lo que podría traducirse en la citación de nuevos testigos o investigados. Las evidencias de anomalías resultan tan abrumadoras que Osakidetza no solo se ha visto obligada a reconocerlas, aunque a destiempo, sino a imprimir un giro radical a su modelo de OPE para evitar nuevos bochornos de esta índole. Esa medida supone una rectificación en toda regla y la asunción implícita de severos errores en el diseño de unas oposiciones que se han cobrado el obligado relevo de tres altos cargos del Gobierno vasco: el ya exconsejero Jon Darpón, la exdirectora general María Jesús Múgica, que ayer testificó ante la instructora, y el exdirector de Recursos Humanos Juan Carlos Soto. Depuradas las responsabilidades políticas, llega el momento de determinar las eventuales consecuencias penales de unas prácticas inadmisibles. Osakidetza ha de ser la primera interesada en colaborar al máximo con la Justicia para el total esclarecimiento de unos hechos que han dañado su reputación. Sin menoscabo de la presunción de inocencia y con todas las garantías propias de un Estado de Derecho para los encasusados, a los tribunales corresponde decidir si las palmarias sospechas de trato de favor contituyen delitos y las penas que corresponden por unos comportamientos que deben ser extinguidos.