Assange, ante la Justicia

La sustracción de bases de datos no se vuelve lícita porque su información sea de interés ciudadano

Julian Assange, fundador de Wikileaks, arrestado por la policía británica/REUTERS
Julian Assange, fundador de Wikileaks, arrestado por la policía británica / REUTERS
EL CORREO

El Gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno ha retirado a Julian Assange, fundador de Wikileaks, la condición de asilado que el presidente Rafael Correa le concedió en 2012 para refugiarse en la Embajada del país andino en Londres y eludir la requisitoria de Suecia por denuncias de agresión sexual. Tras esta decisión ha sido detenido por orden de la Justicia británica a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos por la sustracción y divulgación de informaciones que afectarían a su seguridad. Lo ocurrido esta semana guarda relación con los cambios que ha experimentado la política interior y exterior de Ecuador tras el relevo de Correa por Moreno y el autoexilio del primero en Bélgica. Es imprescindible que el gestor principal de Wikileaks sea protegido en todo momento por el Estado de Derecho y el sistema de garantías. El presidente Moreno ha declarado que su Gobierno había obtenido de Reino Unido el compromiso de que Julian Assange no sería entregado a ningún país en el que pueda correr riesgo de torturas o la aplicación de la pena de muerte.

Pero eso no parece suficiente cuando el caso presenta demasiadas vertientes de opacidad sobre los motivos de la orden estadounidense de búsqueda, y sobre la peripecia penal a la que Assange podría enfrentarse en aquel país. Siempre con la eventualidad de que la Justicia sueca reactive el procedimiento abierto y archivado contra él a causa de sendas denuncias por supuestos delitos sexuales. Pero las dudas que suscita la actuación pasada y futura de Estados Unidos contra Assange no pueden servir de argumento legitimador de las actividades de este. La vulneración sistemática de la legalidad, irrumpiendo en bases de datos de titularidad pública o privada y procediendo a su sustracción, no se vuelve lícita porque esa información responda al interés de los ciudadanos de uno u otro país, o revele posibles irregularidades. Tampoco porque distintos medios de comunicación se hagan eco de su contenido en nombre del derecho a la información. Semejante lógica serviría para justificar los propósitos más perversos. De ahí que la defensa de la integridad personal y civil de Assange no deba dar lugar a la reclamación de su impunidad. Porque el control sobre poderes institucionales o económicos ha de atenerse al cumplimiento estricto de la ley y a la demanda de cauces de transparencia que den sentido a las sociedades abiertas.