Europa, a dejarlo todo bien atado

Y, siempre, con sobriedad. La UE no tiene nada que celebrar y se ceñirá al fondo del embrollo. Pura mecánica administrativa. El jueves día 23, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Eurocámara acordó recomendar al pleno la aprobación final del Acuerdo de Retirada. Es el que tiene la última palabra. Y la dará el día 29, apenas 48 antes del Brexit. No se esperan sorpresas. Pero en el debate aflorarán los miedos que han brotado los últimos días y que han llevado a los eurodiputados a secundar una declaración en la que critican el sistema de registro británico (que no ofrece un documento físico que pruebe el derecho de residencia) o las «escasas facilidades y asistencia» que se prestan a los ciudadanos para utilizarlo.

Inquietud porque perciben que no se dan garantías suficientes a los ciudadanos. Y peticiones concretas como la de habilitar un mecanismo que permita al Parlamento Europeo «verificar la correcta aplicación de todas las disposiciones» del Acuerdo de Retirada, además de campañas informativas y de sensibilización en Reino Unido y los otros 27 estados. Mientras tanto -esto ya es más de régimen interno-, los 73 eurodiputados británicos ya han empezado a hacer sus maletas, a vaciar sus despachos (deberían hacerlo antes del 7 de febrero), aunque mantendrán aún unos meses más sus acreditaciones y el acceso a sus cuentas de correo institucional.

Nada será tan inmediato como parece. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya se lo advirtió a Boris Johnson hace dos semanas: es «imposible» cerrar el acuerdo sobre la relación futura en un año, este 2020. De hecho, en la práctica sólo habrá diez meses de negociaciones. Porque la Comisión Europea no estará facultada para ello hasta no recibir el mandato de los líderes de la UE, y este difícilmente llegará antes del 25 de febrero. Otra cosa es que la estrategia negociadora se reoriente -priorizar ciertos elementos y dejar otros para más adelante- para no volver a encallar. Boris Johnson, desde luego, no está dispuesto a prorrogar más tiempo el periodo transitorio, pese a tener la opción de estirarlo dos años más.

Así que el Ejecutivo de Bruselas, de entrada, quiere dejar atado cualquier posible desvío. Sobre el mismo terreno de juego (las mismas normas ambientales, sociales y de competencia) la UE ya amenaza con multas o sanciones comerciales a los británicos si estos incumplen con el acuerdo del Brexit. Una información de 'Politico' apuntaba esta semana que el equipo de Von der Leyen exigirá una junta de arbitraje conjunta para resolver disputas e incluso iniciar procedimientos legales ante el Tribunal de Justicia de la UE. Los británicos insisten en que, tras el Brexit, «no habrá alineación» con las normas europeas. Así lo ha advertido su responsable de Finanzas, Sajid Javid. Sensación: nuevos nubarrones a la vista.