Leoncavallo, la 'casa okupa' de Milán que la Policía logró desalojar tras 133 intentos

El Gobierno liderado por Giorgia Meloni respondió a la sentencia exigiendo esa cantidad a Maria Boer, la presidenta de la asociación responsable de la ocupación, llamada Madres Antifascistas del Leoncavallo. Fundado en 1975 en un inmueble de la calle Leoncavallo de Milán, de la que tomó su nombre, el centro social vivió una primera expulsión en agosto de 1994 que le llevó a trasladarse a la vía Watteau, que ahora igualmente ha tenido que abandonar.

«El desalojo marca el final de una larga época de ilegalidad. Durante treinta años el inmueble ha estado ocupado de manera abusiva. Y al daño se añade la burla, porque el Estado ha estado obligado incluso a resarcir los daños de la ocupación», comentó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, quien subrayó la política de «tolerancia cero» frente a estas actuaciones por parte del Ejecutivo italiano. El Gobierno de Roma ha promovido un nuevo decreto sobre seguridad que fue aprobado en el Parlamento el pasado mes de junio que contempla penas de hasta siete años de cárcel en caso de ocupación arbitraria de una propiedad. También se prevé su liberación inmediata, incluso sin necesidad de que haya una orden judicial.

Piantedosi reivindicó el desalojo del centro social de Leoncavalllo como un «paso más» dentro de una «estrategia constante y determinada» que, según dijo, ha llevado al actual equipo de gobierno a devolver a sus propietarios «casi 4.000 inmuebles» que habían sido ocupados. Esta cifra se habría alcanzado desde que el Ejecutivo conservador de Meloni se hizo con las riendas del poder en Italia a finales de octubre de 2022.

La propia primera ministra se hizo eco del desalojo asegurando que «en un Estado de derecho no pueden existir zonas francas o áreas sustraídas a la legalidad». Quien mostró, en cambio, una postura muy distinta ante la noticia de que cientos de agentes de la Policía y de los Carabinieri estaban interviniendo, esta vez con éxito, en Leoncavallo fue el alcalde de Milán, Beppe Sala. El regidor, de centroizquierda, lamentó en primer lugar que nadie le hubiera informado de la expulsión, que en principio estaba fijada para el próximo 9 de septiembre pero que habría sido adelantada para aprovechar la menor presencia de militantes propia del mes de agosto. Sala se refirió al emblemático centro social como un «valor histórico y social de nuestra ciudad», por lo que se mostró favorable a encontrar otra ubicación donde pueda continuar con sus actividades «claramente en un contexto de legalidad».

Boer, la presidenta de la asociación Madres Antifascistas del Leoncavallo, aseguró que el desalojo había sido adelantado «por las presiones políticas» realizadas por el Ministerio del Interior y mostró su deseo de que este día, por el jueves, «no sea el final» del centro social. El abogado de la agrupación, Mirko Mazzali, consideró por su parte «anómala» la expulsión y consideró que con su ejecución se había creado «un problema político».