La Justicia europea condena a Francia por los controles policiales racistas

Junto con otros cinco franceses con raíces magrebíes o del África Subsahariana, Touil había llevado su caso hasta Estrasburgo. La Corte le da la razón, pero desestima los otros recursos. Respecto al primer caso asegura que «es consciente de las dificultades de los agentes de la Policía de decidir rápidamente, y sin órdenes internas claras, sobre las amenazas a la seguridad y el orden públicos». Sin embargo, el tribunal concluye que «hubo un trato discriminatorio». Y por ello condena a Francia por haber violado el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que trata sobre las discriminaciones.

Touil había sufrido tres controles de identidad por la calle en apenas diez días. Por ese motivo impulsó un proceso judicial, junto con otros doce compatriotas, para denunciar este tipo de prácticas policiales, que a menudo conllevan que cacheos, un trato poco respetuoso por parte de los agentes o incluso insultos. La Corte de Casación (lo que sería el Supremo en España) ya había condenado al Estado por tres de esos casos en 2016, siendo la primera vez que se pronunciaba contra la Administración por los llamados controles faciales. Seis de esos demandantes llevaron su caso hasta la Justicia europea.

Los jóvenes negros o con apariencia de magrebíes o árabes tienen cuatro veces más posibilidades de ser parados por la calle por la Policía que el resto de los habitantes en Francia, advierte un informe del equivalente galo al Defensor del Pueblo. Ese documento, publicado el año pasado, advertía sobre el aumento significativo de este tipo de prácticas. Las personas controladas pasaron del 16% en 2016 al 26% en 2024, según un sondeo elaborado con más de 5.000 entrevistas.

Estas acciones alimentan la desconfianza entre las fuerzas de seguridad y los habitantes de las 'banlieues'. Un problema enquistado que ha derivado en revueltas violentas, como la que se produjo hace dos años tras la muerte del adolescente Nahel, de 17 años, disparado a quemarropa por un agente durante un control de circulación. A pesar de ello, los distintos equipos de gobierno no han adoptado medidas para solucionarlo. Tampoco siguieron las recomendaciones de asociaciones y del Defensor del Pueblo, quienes propusieron que se emita un recibo cada vez que se produce un control de identidad o que se doten de otros mecanismos para verificar su motivación.