Cisma en el Departamento de Estado de EE UU por la liberación del 'asesino de Usera'

La última imagen pública del exmarine de 54 años fue su sonrisa exultante a la llegada a Texas tras haber sido liberado gracias a un acuerdo propiciado por el presidente Donal Trump. Desde que se empezaron a conocer la historia que envuelve el pasado de Ortiz, el Gobierno de EEUU se ha negado a revelar su paradero o explicar por qué un asesino convicto fue incluido en un canje de prisioneros auspiciado por la Casa Blanca, en cumplimiento de la promesa del mandatario republicano de lograr la vuelta de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero.

«Estados Unidos ha guardado un silencio absoluto, sin dar información a nadie», declaró el jueves a 'The Washington Post' Víctor Joel Salas Coveñas, abogado en España que era el objetivo del exmilitar en el crimen de 2016. «En este momento, nadie conoce el paradero de Ortiz. Así que el miedo es real, por supuesto».

La presencia de Ortiz entre el grupo de presos liberados, detectada en un primer momento por la prensa española, ha provocado un cisma en el Departamento de Estado porque este nunca estuvo incluido en la lista que la Administración Trump envió a Venezuela. «Parecía que nadie estaba controlando de cerca», ha expresado un funcionario de forma anónima al medio norteamericano. El Gobierno de EE UU alega motivos de privacidad para no revelar la identidad de los prisioneros incluidos en el acuerdo, aunque sí ha reconocido que ocho de los diez había sido clasificados como «detenidos injustamente».

No era el caso de Dahud-Hanid Ortiz, quien residía en Alemania en junio de 2016 cuando empezó a sospechar que su esposa le engañaba con el abogado Víctor Joel Salas y empujado por los celos viajó hasta Madrid para acabar con su vida. Al llegar al bufete en la capital de España pidió a dos empleadas, de nacionalidad cubana, que se pusieran en contacto con el letrado con la excusa de un lucrativo acuerdo comercial. Una de las mujeres fue asesinada con un cuchillo y la otra con una barra de hierro, antes de que llegara un cliente ecuatoriano a quien el exmarine confundió con Víctor Joel Salas y terminara asesinándole. Por último, el exmarine prendió fuego a la oficina para tratar de ocultar el crimen y huyó a Alemania y más tarde a Venezuela.

«Hice cosas horribles sin querer. Créeme, la gente pierde la cabeza; yo también. Soy responsable de todo y ahora estoy mal. Nadie me perdonará jamás lo que pasó», confesó Ortiz en correos electrónicos enviados a su cuñada y que constan en los registros judiciales que certificaron su condena a 30 años de prisión en 2024. Fue detenido 6 años antes en su país natal, entonces poseía tres documentos de identidad, uno a su nombre y dos falsos. La Constitución venezolana prohíbe la extradición de sus ciudadanos, así que fue juzgado por un tribunal local con las pruebas aportadas por la justicia española y alemana. Fue declarado culpable y sentenciado a la mayor pena que contempla la legislación de Venezuela.

Aunque nació en territorio venezolano, Ortiz sirvió en el ejército norteamericano durante más de 17 años y obtuvo la ciudadanía estadounidense. Se mudó a Alemania donde fue sometido a un consejo de guerra y condenaco por usar una dirección fraudulent en Nueva York para solicitar subsidios de vivienda para su familia, que vivía con él en el extranjero.

Víctor Joel Salas, el abogado español objetivo del exmarine ha relatado que la Policía alemana lo contactó por primera vez el domingo para informarle de que Ortiz se encontraba en una base militar en Texas y que era muy probable que lo liberaran. «Lo único que sabemos con certeza es que se bajó del avión; una cámara lo grabó riéndose», ha lamentado el letrado. «Se está burlando de todo el sistema judicial estadounidense, europeo y venezolano».