«Nunca hubo pretensión de hacer daño a Ellacuría», dice el único militar salvadoreño juzgado en España
Inocencio Montano, en silla de ruedas y con mascarilla, se negó a responder a la Fiscalía y a las acusaciones y sólo se dirigió a su abogado
n. aurrecoechea
Jueves, 11 de junio 2020, 01:19
El excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano aseguró ayer ante el tribunal que le juzga por el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles en 1989 que él no dio la orden de matarles, que «no tenía nada personal» contra el religioso vasco y que «no hubo nunca pretensiones de hacerle daño» a él o a la Iglesia o a la Universidad Centroamericana, donde se produjo la masacre.
Montano, el primer militar salvadoreño que responde por estos hechos ante la Justicia española, compareció en la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid, en silla de ruedas y con mascarilla. Durante el interrogatorio, de apenas una hora, solo respondió a las preguntas de su abogado, aunque con visibles dificultades para poder escuchar y entender las cuestiones.
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un destacamento de soldados irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador y mató a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, al sacerdote salvadoreño Joaquín López, a la empleada de la universidad Julia Elba y a su hija menor Celina Mariceth Ramos. La Fiscalía solicita para él 150 años de cárcel por cinco «asesinatos terroristas», los correspondientes a los sacerdotes españoles.
Ayer el excoronel, en prisión provisional desde su entrega a España por parte de Estados Unidos en 2017, declaró que siempre pensó que «había sido el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) el que había cometido el asesinato de los curas» y no los militares, como «se descubrió» años después en la Comisión de la Verdad del país centroamericano. Y explicó que en lo días previos a la matanza les llegaron informaciones de que los rebeldes habían introducido armamento en la UCA a modo de almacén. Por ese motivo enviaron a soldados del batallón Atlácatl, supuesto ejecutor del crimen, a practicar un registro.
Dicho registro fue ordenado por el entonces jefe del Estado Mayor, René Ponce, que se lo encomendó al coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de cárcel en 1992, amnistiado en 1993 y capturado nuevamente en 2016 para cumplir la pena de prisión. «Le dieron la orden a Benavides de que mandara gente a investigar y contrarrestara cualquier amenaza, esa fue la situación», aseguró Montano.
La Fiscalía sostiene que la decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denominado La Tandona, al que Montano pertenecía. El acusado se defendió diciendo que en 1989 ejercía como viceministro de Seguridad Pública, cargo que aunque dependía del Ministerio de Defensa, no ponía a sus órdenes a militares, sino sólo a los cuerpos policiales.
«Se reunió con los terroristas»
Montano remarcó que el año de los asesinatos había «prácticamente» una guerra civil en el país porque el FMLN se estaba infiltrando entre la población de San Salvador y armando a los civiles contra el Gobierno de Alfredo Cristiani. Admitió la celebración de una reunión el día 15 de noviembre, en la que él estuvo presente, pero «para informar al presidente de lo delicado de la situación». A la pregunta de la defensa de si se indicó en aquel encuentro que se asesinara a los jesuitas, respondió que no, e insistió en que no se podía «usar toda la fuerza indiscriminadamente» porque les habría acarreado «el repudio» de toda la población, «no solo salvadoreña, sino internacional».
Montano aseguró que no tenía nada en contra de Ellacuría y que el jesuita era «uno de los más cercanos al presidente» y le asesoraba en los acuerdos de paz con el FMLN, pues «tenía influencia. No sólo asesoraba al presidente, sino a la cúpula del FMLN. Se reunió con los terroristas». El excoronel sostuvo que ni en el Gobierno ni en las fuerzas militares «se tenía una convicción» de que los jesuitas de la UCA «estuvieran participando con el FMLN política o militarmente». Todo ello, subrayó, a pesar de que «había fotos y vídeos del sacerdote Jon Sobrino enseñando a niños a manejar un fusil AK-47».
«El dolor causado no se resuelve con el olvido», dicen los jesuitas
«Esperamos y confiamos en que la vista pública permita revelar la verdad sobre un hecho que conmovió al mundo entero», señaló la Compañía de Jesús de Centroamérica en un comunicado conjunto con la Universidad Centroaméricana (UCA) publicado al inicio del juicio. Los jesuitas dejaron en claro que «el dolor causado» por el múltiple crimen «no se resuelve con el olvido», por lo que animaron al coronel Montano a dar a conocer todo lo que sabe sobre los hechos.
El juicio es seguido de cerca tanto en El Salvador como en España, de donde procedían cinco de los religiosos jesuitas asesinados. En el país centroamericano solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen, y aunque en abril de 2018 un juzgado de la capital ordenó la reapertura de un proceso penal para investigar a los autores intelectuales de la masacre, el proceso no avanzó.
Durante la audiencia de ayer el abogado de Montano, Jorge Agüero, alegó que los hechos prescribieron según las leyes salvadoreñas. La Fiscalía defiende que para la justicia española el procedimiento no prescribió porque la investigación se inició en 2009, dentro de los 20 años de plazo que contempla el principio de justicia universal.
