El juez manda a la cárcel al expresidente de Perú Martín Vizcarra acusado de aceptar sobornos

Un juez de primera instancia dictó ayer una sentencia que condena al expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) a ingresar en prisión preventiva cinco meses, para evitar que pueda fugarse y evitar una eventual condena en el juicio en el que se le acusa de haber aceptado sobornos. Según la fiscalía peruana, el exmandatario, mientras fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014) habría cobrado 2,3 millones de soles, unos 522.000 euros, de empresas adjudicatarias de varias obras urbanísticas. La pena solicitada podría ser de hasta 15 años de cárcel.

El magistrado argumentó su decisión de pedir la encarcelación provisional porque Vizcarra no tiene «arraigo laboral ni familiar». En ese sentido, alegó que su mujer, Maribel Díaz, vive «en otra ciudad», y que al menos uno de los contratos que el acusado ha presentado para evitar la entrada en presidio es «cuestionable», ya que la empresa contratadora está dirigida por su propia esposa y sus accionistas son sus hijas.

Tras la resolución, Vizcarra fue conducido por la Policía Nacional a dependencias del Poder Judicial, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) autorice su ingreso en la prisión de Barbadillo, donde están recluidos también los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), por una condena de lavado de activos, y el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), procesado por su fallido intento de golpe de Estado.

Por su parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, apeló la medida de prisión preventiva y afirmó que Vizcarra no estuvo en la ciudad de Lima en la fecha que la Fiscalía sostiene que mantuvo un encuentro con representantes de la empresa ICCGSA para recibir personalmente uno de los pagos ilícitos en 2016. El fiscal indicó que Vizcarra pidió supuestamente una comisión del 2% del contrato para la obra de irrigación Lomas de Ilo en 2013, que se tradujo en dos pagos de 400.000 y 600.000 soles, consignados como préstamos en los registros contables de la empresa Obrainsa, favorecida con la adjudicación. El Ministerio Público afirmó que los exejecutivos de Obrainsa han corroborado los pagos, mediante un proceso de colaboración eficaz (delación premiada) con la Fiscalía, y que ya fueron sentenciados por estos hechos.

Asimismo, el fiscal expuso ante el magistrado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que, en el caso de la ampliación del Hospital de Moquegua, Vizcarra condicionó la adjudicación de la obra al pago de 1,8 millones de soles (435.000 euros). La ultima entrega fue presuntamente en 2016, cuando Vizcarra ya era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a quien sucedió en el cargo en 2018.

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