Un poco de criterio, por favor

Ana Beobide
ANA BEOBIDE

Llevamos muchas, demasiadas, semanas de parón institucional con un Gobierno en funciones y con muchos temas sobre la mesa sin resolver. Uno de estos asuntos es el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre las transacciones Financieras (ITF), que fue sometido a información pública a final del pasado ejercicio. Voy a ayudarle a hacer memoria y a entender de que va esto.

El Gobierno nos anunció la creación unilateral de este impuesto, también denominada 'tasa Tobin', cuyo fin era gravar las transacciones sobre acciones españolas, independientemente del lugar de residencia de quien las realice siempre que fuesen títulos de empresa con un valor bursátil superior a 1.000 millones ( casi todas las empresas del Ibex). Es decir, nos ponían un coste adicional a esas operaciones de ahorro que realizásemos al financiar a empresas en Bolsa. Los cálculos del Gobierno eran obtener 850 millones por la citada tasa, una exageración si la comparamos con lo que ingresan los intermediarios del mercado financiero y el gestor de la bolsa BME. La finalidad era estrictamente recaudatoria, aunque la tiñamos del color que se quiera.

La primera propuesta para poner en marcha un impuesto de este tipo data de 1971, cuando un Premio Nobel de Economía , el citado Tobin, propuso combatir la especulación en el mercado de divisas con un impuesto de ámbito internacional. Ha habido posteriores intentos, referidos ya a cualquier tipo de transacción financiera. Sin ir más lejos, en el ámbito europeo existió una propuesta de directiva en el 2011 que no vio la luz por falta de acuerdo. A partir de este fracaso, en 2012 se puso en marcha el procedimiento denominado de cooperación reforzada, que cuenta actualmente con once Estados miembros de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, con el fin de crear un nuevo ITF.

Pues bien, a finales del pasado mes de junio tuvo lugar una reunión del grupo europeo, en la que participó España, a pesar de que nuestro último Gobierno haya ido por la vía del anteproyecto adelantándonos a la decisión de los once.Tras el encuentro, parece que hay un acuerdo avanzado para su entrada en vigor en 2021, pero con el matiz de que se habla de mutualizar los ingresos para luego destinarlos al presupuesto de la zona euro. La estimación de ingresos de la Comisión para España en este caso asciende a 498 millones de euros, ya que se prima a los países pequeños . La cifra está muy lejos de la planteada con el Anteproyecto. Como ve todo bastante complejo.

En este contexto, es difícil predecir que va a pasar con el ITF. Ahora bien, el ligero repaso de la historia sí nos permite realizar varias reflexiones.

En primer lugar, si algo lleva tantos años encima de la mesa y no se avanza, será por algo. Sé que el argumento no es muy científico, pero al menos deja patente que se trata de una medida discutida y polémica.

Por otra parte, se carece de datos contrastados y fiables de su aportación a las arcas públicas. La única realidad que se conoce son las estimaciones realizadas por Francia e Italia cuando introdujeron impuestos similares. Los primeros recaudaron el 50% y los segundos el 28% de lo estimado el primer año.

Por último, y más importante, tanto el inversor como las empresas se verían seriamente perjudicadas. El inversor porque sus costes se encarecerían, ya que con total seguridad los intermediarios trasladarían el impuesto al ahorrador de forma directa. De un plumazo desaparecería toda la eficiencia que ha conseguido la Bolsa española después de tantos años de trabajo. También podría afectar a la liquidez de los títulos, tal y como ha ocurrido en el mercado francés . Además, las empresas tenderían a una deslocalización de la cotización con el consiguiente perjuicio para todo el mercado de capitales español en su conjunto.

Creo que son suficientes razones como para pedir un poco de reflexión con criterio mas allá de la habitual necesidad y afición que tienen los políticos a aumentar la recaudación.