Pago único para los pensionistas que retrasen la edad de jubilación

El Pacto de Toledo coincide en sus recomendaciones con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , en que hay que tomar medidas que acerquen la edad de jubilación real a la legal, que este año es de 65 años y diez meses si se cuenta con 37 años cotizados. Esto es, hay que penalizar en el cobro de la pensión contributiva a quienes se retiren antes de tiempo e incentivar a quienes se planteen seguir trabajando cuando ya podrían estar legalmente jubilados. En opinión de Escrivá, hay que «rediseñar» tanto los desincentivos para la jubilación anticipada como los incentivos para la demorada.

Entre las medidas para convencer a quienes aún están en disposición de desarrollar su actividad laboral para que demoren su retiro profesional, Escrivá aseguró la semana pasada en un desayuno organizado por Europa Press que, desde su punto de vista, el sistema de jubilaciones anticipadas está «mal diseñado y es muy regresivo». También señaló que existe la posibilidad de ingresar la bonificación que les correspondería en un pago único que recibirían en el momento de hacer efectiva su jubilación.

Actualmente, la jubilación demorada ofrece a los trabajadores que prolongan su actividad laboral (sin compatibilizar ésta con la percepción de una pensión pública) una subida extra de hasta el 4% por cada año que prolongue su vida laboral en el cálculo final de la pensión que le correspondería. La nueva propuesta sustituiría la aplicación de ese porcentaje en cada una nómina mensual por un pago único en el momento de retirarse, una preferencia que según el ministro han observado en varias encuestas. «Ese pago de una sola vez les puede resultar más interesante y más gratificante que un incremento adicional de pensión. Podemos trabajar mucho más en España en esa área», subrayó.

Según esas mismas encuestas, el máximo responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también reconoció que la Administración también debe «publicitar» y «diseñar mejor» las fórmulas que ya existen, puesto que han constatado que «son desconocidas».

Por otro lado, entre las medidas para 'castigar' las jubilaciones anticipadas el ministro se mostró a favor de endurecer la aplicación de los llamados coeficientes reductores. Éstos recortan la prestación entre un 6,5% y un 8% por cada año que se adelante el retiro, una penalización que para Escrivá es insuficiente ya que, «en realidad, este desincentivo suele ser muy inferior al 8%». Es decir, en su opinión «hay margen de sobra para desincentivar todavía más« el retiro anticipado, especialmente en las rentas más altas.

Además, atendiendo a las conclusiones del Pacto de Toledo, que lamenta que muchos de los jubilados que sufren estas penalizaciones se han jubilado forzados por sus empresas, el ministro pidió que las compañías que no vayan por el «camino fácil» de la prejubilación cuando realicen una reestructuración y abogó por «trabajar mucho más» en las políticas activas de empleo para mantener a esas personas en el mercado laboral.