Las memorias ocultas

Una ley de 2018 obliga a las empresas que tengan más de 500 empleados o más de 250 durante dos ejercicios continuados a explicar un buen número de cosas que nos son estrictamente económicas, aunque al final todo puede traducirse en euros. Esa memoria debe hacer referencia a la realidad de cada empresa en aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza. Digamos que es relativamente fácil y hasta agradecido contar que uno hace esfuerzos en conseguir ahorros en el consumo de energía o en el reciclaje de residuos. Algo parecido sucede con la adopción de medidas para evitar la corrupción, por ejemplo. Hasta ahí va todo como la seda. Pero lo malo llega cuando hay que adentrarse en cuestiones más peliagudas, en las que además es difícil salir bien en la fotografía. Es el caso de la información sobre igualdad de género, presencia de mujeres en niveles directivos o brecha salarial. Tampoco suele resultar sencillo desvelar el plazo medio de pago a proveedores, sobre todo en algunos sectores y empresas que le han cogido vicio a financiarse gracias a esos 'sufridores'.

El asunto de la información, de la transparencia, de las empresas siempre ha sido una materia complicada. Las empresas vienen de serie con el virus de la escasa transparencia. En unos casos para preservar su tecnología, en otros para no desvelar datos que son sustanciales a su competencia, a la propia plantilla o a sus proveedores. Todos los avances en esta materia se han hecho a golpe de legislación y por lo tanto de obligación. En el caso de la memoria de sostenibilidad, por el momento hay obligación de hacerla pública pero no existe sanción por no hacerlo. Llegará....