Un elemento de protección

Unos trabajadores fichan para entrar en la fábrica de Mercedes en Vitoria. /Rafa Gutiérrez
Unos trabajadores fichan para entrar en la fábrica de Mercedes en Vitoria. / Rafa Gutiérrez
Marcial Moreta
MARCIAL MORETASecretario de Organización de CC OO de Euskadi

Ya ha entrado en vigor la obligación de registrar diariamente la jornada de trabajo de cada persona trabajadora. Para CC OO, el registro de jornada se configura como un elemento de protección, ya que la realización de jornadas superiores a las legal o convencionalmente establecidas incide de manera sustancial en la precarización del empleo porque afecta al tiempo de trabajo, a la vida personal y familiar, al salario y a la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Está sobradamente constatado que en nuestro país el volumen de horas extraordinarias que no son abonadas ni compensadas con descanso es inmenso, y que también está muy extendida la utilización abusiva y fraudulenta del trabajo a tiempo parcial. La falta de retribución del exceso de jornada deprecia el valor del trabajo, desequilibra aún más la relación laboral e incide en las cotizaciones a la Seguridad Social.

El decreto no aclara cómo debe ser ese registro. Por ello este tiene que ser definido y mejorado por la negociación colectiva, y no ser un mero deber de gestión empresarial como hasta ahora daba a entender el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Ante esta nueva situación, nuestra acción sindical en los centros de trabajo pasa por tratar de acotar la forma de registrar la jornada y asegurar el derecho de las personas trabajadoras y de sus representantes para exigir de forma efectiva el acceso a ese registro, y determinar de forma concreta hasta dónde alcanza el deber empresarial.

Las empresas no pueden negar a la representación legal de los trabajadores el acceso al registro de jornada. Primero porque así lo establece la norma. Y segundo, en su labor de vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales, no se podría poner en marcha un sistema que no respetase los límites a la duración de la jornada de trabajo, si no permitiera ni a las personas trabajadoras ni a sus representantes conocer la duración real y efectiva de la jornada a que se somete al personal en la empresa.