Trabajo asigna a Euskadi 40,5 millones de los fondos europeos destinados al empleo

Según el reparto acordado, las comunidades más beneficiadas en términos absolutos son Andalucía (con 127,6 millones) y Cataluña (104,2 millones), que recibirán así un tercio del total del fondo destinado a los programas de empleo, centrados sobre todo en los jóvenes y las mujeres. También financiarán la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva, así como una serie de nuevos proyectos territoriales para la equidad o la gobernanza.

Pero el ministerio también advirtió ayer de que este dinero no es, ni mucho menos, un cheque en blanco. Es más, la distribución de fondos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) que se realice en 2022 y 2023 quedará supeditada al cumplimiento por las comunidades autónomas de los hitos y objetivos previstos para todo el Estado. Y si esos objetivos no se cumplen, o si se detectan irregularidades en la gestión, los fondos deberán ser devueltos en su totalidad.

De forma adicional, si el incumplimiento de una comunidad impidiera el cobro de las cantidades asignadas por Europa al Estado dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la cuantía a reintegrar será equivalente a la que el Estado deje de recibir.

Según el decreto publicado en el BOE, el Gobierno emplaza a las comunidades autónomas a justificar el adecuado cumplimiento de los objetivos comprometidos en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha límite prevista. En todo caso, antes del 31 de marzo de 2023 cada comunidad deberá remitir un informe de justificación sobre cómo ha utilizado los fondos, con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, el coste real respecto al estimado inicialmente, descripciones de las medidas adoptadas, cómo se llevaron a cabo y los mecanismos de control aplicados en su ejecución.

Aprobado el programa, y una vez recibidos los fondos para su financiación, cada comunidad autónoma enviará al SEPE un informe con la identificación de actuaciones, el calendario de ejecución, los objetivos marcados en el plan y la financiación concedida.

El seguimiento de todo ello se realizará con el sistema que habilite el Ministerio de Hacienda, al que las comunidades autónomas deberán suministrar la información relativa a indicadores, así como la ejecución con el coste estimado, en los términos que así lo establezca ese ministerio.