Los repartidores de butano convocan huelgas a partir del 5 de noviembre

Las jornadas de huelga serán los días 5,13, 21 y 29 de noviembre y 5,11,17 y 23 de diciembre. Durante los paros las agencias de distribución no realizarán entregas domiciliarias a particulares ni a empresas, aunque seguirán garantizando el suministro a los puntos de venta. Asimismo, se comprometen a que no se vean afectados los usuarios en situación de vulnerabilidad social, centros educativos, sanitarios, de atención social, residencias de mayores, ni instituciones sin ánimo de lucro.

El butano, que ya hace décadas perdió su hegemonía y ha quedado como una fuente de energía residual, sigue siendo esencial para miles de familias y negocios. La patronal que ha convocado la movilización, la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP), estima que hay seis millones de hogares en España que dependen de este combustible, aunque fuentes del sector rebajan la cifra. En Euskadi hay al menos 85.000 viviendas con butano, el 8% del total, según una estadística del Eustat con datos de 2020, con una penetración mayor en los municipios más pequeños y en las familias más vulnerables. Pero la cifra de usuarios es mayor porque también lo usan bares y restaurantes, con lo que el total puede superar los 100.000. No hay que olvidar que es una fuente muy económica en comparación con otras, versátil porque sirve para cocinar, calentar el agua o la casa y se paga lo que se consume, sin tarifa fija.

Es conveniente aclarar que la red de distribución de las bombonas, aunque lleva la marca de las petroleras correspondientes, es independiente de ellas. Son pequeñas agencias, unas 200 pymes en España, que reciben una parte del precio regulado, revisado por el Ministerio cada dos meses. Su queja viene de que la parte con la que se les remunera no es suficiente para cubrir los costes. «El sistema de actualización de la retribución que percibimos por cada bombona lleva una década sin modificaciones», señala FEDGLP.

Sin embargo, se quejan, su estructura de costes sí se ha incrementado en este tiempo por la escala inflacionaria. Aluden en este sentido «al aumento del precio de los carburantes de los vehículos de reparto, el cumplimiento de las regulaciones en materia de seguridad y bajas emisiones, el incremento de los costes salariales y en la dificultad de mantener una plantilla estable de trabajadores dispuestos a desempeñar una profesión tan exigente y dura». Se estima que cobran unos 17.000 euros al año, cerca del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los distribuidores advierten de que de su sostenibilidad depende el suministro de seis millones de hogares, «especialmente los más vulnerables, que se verían privados de una energía esencial para calentar sus hogares y cubrir el resto de las necesidades energéticas diarias». Recuerdan, además, que es una actividad de la que viven 200 pymes transportistas y 3.500 empleos.