El portazo de Adeslas a Muface deja sin seguro médico a 12.000 funcionarios vascos

Es la aseguradora principal por la que se decantaban la mayoría de empleados públicos -en Euskadi copa la mitad de los 24.000 existentes-, de forma que con el nuevo año, ese más de medio millón de funcionarios y sus familias tendrán que reubicarse en otra compañía aseguradora -en el caso de que finalmente alguna se presente al concurso- o bien cambiarse a la sanidad pública. Lo que es seguro es que uno de cada tres funcionarios no tendrá el mismo cuadro de profesionales médicos y hospitales en los próximos tres años, con las complicaciones que eso puede acarrearles, puesto que habrá personas que estén bajo tratamientos de larga duración.

No es viable. Esto es lo que argumenta Adeslas, que asegura -en un comunicado publicado ayer- que el nuevo concierto le generaría unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, casi las mismas que ha registrado entre 2022 y 2024. Y ello a pesar de que el Gobierno de coalición PSOE-Sumar mejoró mucho el presupuesto que en un principio había previsto, duplicando incluso la subida y elevándola al 33,5%.

Sin embargo, Adeslas considera que el modelo de Muface es «económicamente insostenible» tras años siendo deficitario. Asegura que si se mantuviera en el concierto «comprometería la solvencia y el futuro» de la empresa, y recalca que «las cifras de pérdidas fueron en su día verificadas por una firma de auditoría de primera línea».

Adeslas había reclamado al Gobierno un incremento de la prima muy por encima del aprobado, del 47%, y para dos años solo, para 2025 y 2026. Así se lo comunicó al Ministerio de Función Pública, liderado ahora por Óscar Puente, cuando éste solicitó a las aseguradoras que le informaran de las condiciones económicas para participar en la segunda licitación de Muface, tras quedar desierto el primer concurso. De hecho, la compañía ya se había despedido de sus mutualistas por carta antes de la nueva licitación.

Ahora habrá que esperar a que las otras dos aseguradoras que están en Muface, DKV y Asisa, que atienen a más de 570.000 funcionarios (en Euskadi, unos 12.000), decidan si se presentan o abren una grave crisis en la sanidad. Tienen hasta el 15 de enero para sopesarlo, aunque ambas ven la nueva propuesta con mejores ojos que la anterior, según explicaron a este periódico.

El colectivo, por su parte, tiene todo el mes de enero para decidir si se cambian de la sanidad pública a la privada (ese medio millón que está en la Seguridad Social), o de un seguro a la sanidad pública o incluso a otra compañía. En cualquier caso, el Gobierno ha prorrogado el actual modelo hasta el próximo 31 de marzo y a partir de abril abrirá otro plazo para que los funcionarios reviertan su decisión y transiten de un sistema a otro.

Los sindicatos están vigilantes. Desde CSIF han exigido al Gobierno una reunión «al más alto nivel» para analizar la situación ante el descuelgue de Adeslas. Además, el sindicato instó al ministerio a que haga público «con total transparencia» los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto, así como la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Muface.