La plantilla de centros especiales cobrará el sueldo íntegro aunque estén en ERTE

Los centros especiales de empleo, que en Euskadi dan trabajo a más de 9.000 personas con alguna diversidad funcional, y las empresas de inserción laboral, que acogen a otros 1.400, atraviesan momentos especialmente complicados. Gran parte de estas plantillas se dedican a fabricar componentes para otras empresas que, sobre todo durante la quincena de hibernación económica, que solo permitió mantener las actividades esenciales, bajaron la persiana y les dejaron casi sin pedidos.

Así que muchas se vieron obligadas a recurrir a los expedientes temporales de regulación de empleo. Los ERTEs. Y más de 4.000 empleados se han visto afectados, por lo que muchos, cuyo sueldo apenas supera el salario mínimo interprofesional (950 euros al mes), solo deberían percibir el 70% que les abone Lanbide. Sin embargo, cobrarán el 100%, según anunció ayer el lehendakari, Íñigo Urkullu, durante la visita que realizó en Sestao a las instalaciones de Lantegi Batuak, entidad que ha 'reciclado' a 70 trabajadores en cuatro de sus centros y les ha puesto a fabricar mascarillas. Ya producen 10.000 a la semana.

Urkullu reconoció que el Gobierno vasco debe reforzar su compromiso para mantener las condiciones de empleo «de las personas con discapacidad». Aplicar una «discriminación positiva» que, en este caso, se logrará manteniendo las ayudas que ya se dan a estos empleados aunque durante los ERTEs sus contratos, de alguna manera, decaigan.

«En el caso de los centros especiales de empleo son 475 euros al mes por persona, y en el de las empresas de inserción, 12.300 al año», explicó el viceconsejero de Empleo y Políticas Sociales, Marcos Muro, que acompañó en la visita al lehendakari y a la titular de su departamento, Beatriz Artolazabal. Con este dinero, «esperamos cubrir las cuantías que han dejado de percibir estas personas y así en la práctica consolidar su sueldo íntegro hasta que se puedan reincorporar a sus puestos».

El director gerente de Lantegi Batuak, Txema Franco, remarcó su preocupación por el futuro de los centros de empleo y las empresas de inserción, que aglutinan a personas con problemas para incorporarse al mercado laboral, ya las que les proporcionan la autoestima y herramientas necesarias. «Sabemos lo mucho que nos ha costado alcanzar las cuotas de inclusión laboral que hoy tenemos, y somos muy conscientes de las dificultades de acceso al mercado laboral que en el futuro van a tener las personas con discapacidades», advirtió.

Al menos, reconoció, medio centenar de trabajadores han visto reforzados sus puestos, «ya que trabajan en la limpieza y lavandería de residencias y hospitales e incluso hacen comida a domicilio para mayores». Por contra, 807 empleados han tenido que causar baja obligada, sobre todo por ser personas de riesgo al contagio.