Multas de entre 60.000 euros y 100 millones para quien incumpla el plan de ahorro energético

Siete días. Es el plazo que desde hoy tienen locales y edificios para adaptarse al plan de ahorro energético aprobado el lunes por el Gobierno y que ha sido publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto no incluye las sanciones que tendrán que afrontar aquellos que incumplan medidas como el límite de climatización o los cierres obligatorios en las puertas para evitar el despilfarro energético. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Industria explican que el regimen sancionador a aplicar será el actualmente vigente por incumplimiento del RITE (reglamento de instalaciones térmicas en los edificios) y que se rige por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Según lo dispuesto en este régimen sancionador, las infracciones serán sancionadas con multas de hasta 60.000 euros si son leves. Las graves tendrán que hacer frente a una sanción de hasta seis millones de euros mientras que las «muy graves» podrían ascender a los cien millones de euros.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, expresó este martes que las competencias a la hora de controlar que se cumplen los mecanismos de eficiencia energética pertenecen a las comunidades autónomas, haciendo un llamamiento a una «respuesta solidaria» para contribuir a la autonomía estratégica necesaria para reducir la dependencia del gas ruso.

Las palabras que ha empleado Calviño van en la misma línea que las que utilizó ayer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera: «La situación es crítica y se puede producir un corte del gas ruso en cualquier momento». Así se presentó anoche el plan de ahorro con el que se pretende reducir un 7% el consumo nacional siguiendo las recomendaciones de Bruselas y que, finalmente y pese a lo aireado, no afectará a los centros de trabajo. El racionamiento se prolongará más de un año, hasta noviembre de 2023. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera dejó claro que «antes de septiembre era imprescindible abordar este primer paquete de medidas de ahorro y eficiencia».

Además, este plan será complementado con el marco que el Ejecutivo presentará en septiembre en el plan de contingencia. «Los españoles no van a pasar frío este invierno», había querido tranquilizar la vicepresidenta tercera horas antes de este último Consejo de Ministros del curso, apelando a la contribución individual que pueda hacer cada ciudadano para ahorrar energía a fin de complementar las medidas estrella de este real decreto.

Una de las grandes novedades será la limitación de las temperaturas de los edificios públicos. En concreto, se insta a un límite de 27 grados en el caso del aire acondicionado en verano y a los 19 grados para la calefacción en invierno; al menos, hasta noviembre de 2023. Según detalló la ministra, los cálculos apuntan a que cada grado que se baja, se ahorra un 7% del consumo eléctrico.

Estas limitaciones afectarían no solo a edificios públicos, sino también a espacios culturales, hoteles, cines, estaciones de trenes y autobuses, aeropuertos y grandes superficies. Para comprobar que la medida se cumple, se instalarán termómetros.

Los comercios, a semejanza de lo que sucede ya en Francia y Alemania, deberán apagar las luces de sus escaparates a partir de las diez de la noche, una medida que también será de aplicación para los edificios públicos que no estén en uso, la iluminación decorativa de sus fachadas y los monumentos. Esta medida será de obligado cumplimiento una vez hayan transcurrido sietes días naturales desde la fecha de publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y hasta el 1 de noviembre de 2023.

Los locales tendrán que tener las puertas cerradas siempre que estén en funcionamiento el aire acondicionado y la calefacción, otra medida que imita lo que ya rige en Francia. Pero en este caso se da dos meses de plazo para su aplicación y se exigirá que todos los edificios cuenten con un sistema de cerrado de puertas antes del próximo 30 de septiembre.

El real decreto fomenta el teletrabajo a semejanza de lo que ya se aplica en la Administración del Estado, que cuenta con un catálogo de puestos en los que es posible trabajar en remoto y otros en los que se requiere de presencialidad. Por ello, Ribera instó a las empresas a que, al igual que se hizo durante la crisis sanitaria, animen a sus trabajadores a teletrabajar y permitan concentrar horarios para así ahorrar desplazamientos y a su vez ahorrar el consumo en edificios públicos. «Fuimos capaces de hacerlo durante la pandemia y desde entonces hemos aprendido mucho».

Para evitar que se consuma más de lo que corresponda, los inmuebles que hayan pasado la inspección de eficiencia energética antes del 1 de enero de 2021 deberán someterse a una revisión extraordinaria antes del 31 de diciembre de 2022, de modo que todos los edificios con un consumo de climatización relevante hayan superado una inspección en los últimos dos años. De la misma manera, se establece la revisión de calderas térmicas, siempre que la última fuera anterior a enero de 2021.

Para ejecutar rápidamente las obras de mejora energética en los edificios de las administraciones públicas, estas podrán aplicar procedimientos de contratación de urgencia. Además, estos contratos se ejecutarán en un plazo inferior a un mes desde su formalización, según precisó la titular del ramo.

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