Pensionistas vizcaínos piden un «plan de choque» contra la pobreza energética

El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha reclamado este miércoles que los presupuestos de 2019 recojan un «plan de choque» contra la pobreza energética. Los jubilados consideran que se trata de un problema en «constante incremento» que afecta «de manera directa» a los pensionistas con prestaciones inferiores al umbral de la pobreza, que son «cerca del 50 por ciento».

Más de 200 jubilados y pensionistas vizcaínos se han concentrado este miércoles a mediodía frente a la Torre Iberdrola, en Bilbao, sede de la compañía eléctrica, y posteriormente han marchado en manifestación hasta la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia para denunciar que la pobreza energética «se extiende» mientras «aumentan» los beneficios de las eléctricas y el precio de la energía.

En un comunicado leído en la marcha, el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha denunciado que «el monopolio eléctrico decide la política de energía del Estado en su propio beneficio» y ha considerado que las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el impuesto de generación eléctrica o mejorar el bono social «no afrontan el problema de fondo de la pobreza energética y ni siquiera van a compensar el 16% de incremento acumulado anual».

Por ello, los pensionistas vizcaínos han exigido que se tomen «decisiones de calado que impidan que las grandes compañías eléctricas se sigan enriqueciendo a costa del incremento de la pobreza de la mayoría de personas» y han asegurado que «se necesita un plan de choque» que se plasme en los presupuestos para el próximo año. También han reclamado que el acceso a la electricidad se considere «un bien básico regulado y gestionado por las instituciones públicas».

A su juicio, el aumento de la pobreza energética es «consecuencia directa del empeoramiento de las condiciones de vida y los incrementos reiterados del coste de la energía». De hecho, han puesto de relieve que se trata de un problema que «incide de manera directa» en quienes cobran pensiones «inferiores al umbral de la pobreza, cerca del 50 por ciento».

En base a datos de un estudio de 2016 de la Asociación de Ciencias Ambientales, los manifestantes han destacado que «7.000 personas mueren al año» en España como consecuencia de la pobreza energética y que 5 millones de personas no puede calentar sus hogares en invierno por incapacidad de pagar la factura energética. Entre un 20 y un 25 por ciento de la población, según han asegurado, «sufre condiciones de vida asociadas a la pobreza energética que no les permiten disponer en su hogar de la temperatura adecuada tanto en verano como en invierno».