Juristas cuestionan que Euskadi pueda convertirse en el 'cajero' de las pensiones

Son cifras que han vuelto a salir a la palestra ahora, tras el acuerdo del PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que contempla culminar en un «plazo máximo de dos años» el proceso de las 28 transferencias pendientes contempladas en el Estatuto de Gernika, incluida la polémica «gestión del régimen económico de la Seguridad Social», que el líder jeltzale, Andoni Ortuzar, quiso destacar en la firma del pacto.

El déficit, derivado de unos ingresos por cotizaciones de 7.410 millones en el año y unos gastos de 11.095 millones, no ha parado de crecer (en 2013 era de 2.100 millones) y lo seguirá haciendo en los próximos años debido al acusado envejecimiento de la población vasca, que encima disfruta de las pensiones más altas de toda España. Aunque en Euskadi el desequilibrio es especialmente grave, la mayoría de comunidades presenta desajuste, con la excepción de Madrid y Baleares, y el agujero se está tapando con transferencias del Estado.

Estos datos muestran cómo el País Vasco es uno de los grandes interesados en preservar lo que se denomina la caja única de la Seguridad Social, un sistema blindado por la Constitución en virtud del cual las cotizaciones van a un fondo con el que se pagan las pensiones según marca la legislación, de forma que se garantiza la igualdad entre todos los españoles. Lo que el Gobierno vasco reclama y está recogido en el Estatuto de Gernika es «la gestión del régimen económico», una aspiración que ya en su día el vicelehendakari Josu Erkoreka resumió con la idea de mantener la caja única pero abrir un «cajero» en Euskadi. Así las pensiones irían con el sello del Gobierno vasco por mucho que procedan del 'bote' común y estén financiadas por el Estado.

Pero esta idea aparentemente sencilla reviste una enorme complejidad. No sólo es «difícil» en lo político, como confesó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, unos minutos después de que se firmara el pacto, sino que los juristas consultados lo ven prácticamente inviable.

En la ficha del Gobierno vasco sobre lo que entiende por «la gestión del régimen económico de la Seguridad Social» se citan varias funciones: inscripción de empresas y potestad sancionadora; la afiliación, altas y bajas; la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas; el aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas; la organización de los medios y el diseño y la gestión de los procesos necesarios para el ingreso de cuotas; la ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social y la distribución de las disponibilidades financieras para satisfacer dichas obligaciones...

El Ejecutivo autonómico se escuda en su interpretación particular de unas sentencias del Tribunal Constitucional para justificar su reivindicación, pero los expertos discrepan. «El Constitucional no deja apenas margen. Se ha pronunciado en varias ocasiones y su criterio es que el término gestión se limita a realizar actos administrativos como las afiliaciones, altas, bajas... mientras que la recaudación y el pago de las prestaciones son competencia estatal. Como mucho se podría recaudar y hacer una transferencia automática a la caja única», apunta Juan Pablo Landa, catedrático emérito de Trabajo y Seguridad Social de la UPV-EHU.

Recuerda que en la transferencia del servicio público de empleo a Lanbide no se traspasó el pago de la prestación, que sigue centralizada en el SEPE. A su juicio, se trata de un «intento de eliminar la Administración del Estado en Euskadi y de estampar el sello de Eusko Jaurlaritza en las pensiones» .

Coincide con esta tesis el letrado de la Seguridad Social Manuel Moreno. «No hay margen legal para la transferencia», asegura, que también ve la misma intención de hacer desaparecer a la Administración estatal de Euskadi. Critica especialmente que el Gobierno vasco se pueda arrogar funciones como los aplazamientos en los pagos: «Puede existir la tentación de aliviar a las empresas vascas para preservar el tejido productivo. Al Ejecutivo autonómico no le importaría recaudar menos porque las pensiones se van a financiar con la caja única que financia el Estado». Admite que hay precedentes como la transferencia a Euskadi del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero recuerda que está impugnada ante el Constitucional tanto por el PP como por Vox.

Por su parte, Eduardo Rojo, catedrático de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Autonóma de Barcelona advierte del rechazo frontal en el organismo público a abordar esta transferencia dado que «contribuiría a abrir el melón» de las peticiones de otras comunidades autónomas. Y es que otras nueve, además de Euskadi, recogen la citada competencia en sus estatutos. Se trata de Cataluña, Andalucía, Navarra, Galicia, Valencia, Extremadura, Baleares, Islas Canarias y Aragón.

Felipe Serrano, catedrático de Economía aplicada de la UPV/EHU, es aún más tajante. «Es todo un paripé político que va a quedar en nada. No me creo que el Gobierno vasco esté interesado de verdad en abrir el debate porque cabe el riesgo de que el endosen un agujero que ahora no paga. Las pensiones vascas se pagan con la solidaridad del resto de comunidades y las transferencias del Estado, cada vez más abultadas por la reforma de Escrivá. Es un déficit de 4.000 millones que supone el 27% del Presupuesto vasco», afirma. Su apuesta es que se culminará el plazo estipulado de dos años sin avances en la polémica transferencia.