La 'operación Talgo' queda pendiente de pactar con la Sepi un préstamo convertible

Esta implicación de la Sepi, que adelantó EL CORREO y que esta semana ha admitido como posibilidad el consejero Noël d'Anjou, es una condición que ha puesto la banca para acceder a la refinanciación de la deuda de la compañía, que asciende a 405 millones de euros, de los cuales 318 millones deben ser abonados en los próximos tres años. El 'pool' de 23 entidades financieras exige la fórmula del préstamo participativo convertible porque de esa forma se aportan garantías de solvencia al reforzar los fondos propios.

Jainaga ya ha dejado claro que no va a ejecutar su entrada hasta que el esquema de refinanciación esté cerrado y no paran de surgir complicaciones. Primero fue la multa de Renfe de 116 millones de euros por los retrasos en la entrega de 20 trenes del modelo Avril. Entonces ya hubo una negociación muy intensa con el operador público. Constatada por la Abogacía del Estado la imposibilidad de eliminar la sanción, el operador público ofreció no empezar a cobrarla hasta el 2031 y, desde entonces, hacerlo en un plazo de siete años a un tipo de interés del euríbor más el 0,5%.

Pero esas facilidades no son suficientes y la banca exige que se refuerce la financiación con apoyo público. Ahí entra la Sepi. Sin embargo, el organismo presidido por María Belén Gualda y adscrito al Ministerio de Hacienda ha tomado una posición dura en la negociación para evitar cualquier sospecha de trato a favor hacia el empresario vasco o el riesgo de que se pueda considerar como ayuda de Estado por la Comisión Europea. En los préstamos participativos se pacta un interés fijo y otro variable en función de los beneficios de la compañía. Además, el hecho de que sea convertible implica que se fijen unas pautas para su conversión en acciones en un momento dado así como la opción de la compañía para evitarlo con la amortización del préstamo. Todo eso está ahora sobre la mesa de negociación.

El Gobierno central y el vasco se han implicado considerablemente en facilitar la entrada de Jainaga. El Ejecutivo central disuadió a la polaca Pesa y la india Jupiter Wagons de competir con Sidenor después de haber vetado la opa de la húngara Magyar Vagon. El Gobierno vasco, por su parte, ha entrado directamente en la operación de compra de Talgo. Así, pondrá 45 millones de euros a través del fondo Finkatuz, exactamente lo mismo que el industrial vasco y que la Fundación BBK, mientras que la Vital aporta 20 millones de euros. En total son 155 millones de euros, ampliables a 183 millones, para adquirir el 29,7% en manos del fondo de inversión Trilantic.

Además, recientemente el Gobierno vasco y la Fundación Vital pusieron 52 millones de euros para comprar, junto a otro inversor particular, el 49% de dos empresas integradas en Mirai, el grupo industrial impulsado por Jainaga. Se trata de las empresas Innometal y Ohmnia Electronics, centradas en la industria electromecánica.

Si la operación culmina con éxito, se activaría el plan industrial para Talgo, que contempla el traslado de la sede a Euskadi, donde tiene la planta de Rivabellosa, y la puesta en marcha para sacar adelante una cartera de pedidos que actualmente supera los 4.000 millones de euros y que tiene problemas para atender. Recientemente se sumó el contrato sellado con el operador alemán Flix Train, que son 2.400 millones para entregar hasta 65 unidades del modelo 230 de alta velocidad.